Los debates desarrollados durante el segundo día del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, evento organizado por el Tribunal Constitucional (TC), abordaron aspectos clave de la justicia contemporánea, desde la protección de las garantías procesales y la valoración de la prueba hasta el papel de los tribunales y las reformas normativas orientadas al fortalecimiento del Estado de derecho.

La jornada académica de este martes inició con la conferencia del doctor Manuel Cancio Meliá, titulada “Régimen de beneficios procesales restrictivos en la persecución de ciertas infracciones: ¿un ejemplo de derecho penal del enemigo?”, en la que el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid afirmó que la adopción de normas procesales restrictivas para determinadas categorías de delitos plantea serios desafíos para las garantías constitucionales y el debido proceso, al intervenir directamente en los derechos de las personas sometidas a investigación o acusación penal.

A seguidas, la doctora María Sagüés, catedrática de la Universidad Austral, desarrolló la conferencia “El debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos”, y destacó la importancia de cumplir con las garantías constitucionales para salvaguardar los derechos y la defensa efectiva.

Otro de los temas abordados fue “El impacto del populismo penal en el debido proceso”. En este punto, el doctor Eduardo Jorge Prats, catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, planteó la necesidad de tener una concepción clara del derecho penal, configurado, desde su punto de vista, “para establecer límites al poder punitivo del Estado y para minimizar las pulsiones autoritarias inherentes a todo Estado, incluso un Estado de derecho”.

Durante el Congreso también se contó con la exposición del magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien afirmó que la relación entre las cortes supremas no tiene que convertirse en un choque o guerra, sino en un vínculo de diálogo y colaboración en beneficio del Estado social y democrático de derecho.

En ese sentido, Gerardo Eto Cruz, exjuez del Tribunal Constitucional del Perú, disertó sobre el papel que tienen los tribunales constitucionales en la protección del debido proceso, destacando que estas cortes controlan los excesos de poder y exhortó a los jueces a no dejarse presionar.

En el evento académico se llevó a cabo el panel “Novedades del nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana”, en el que la jurista Emery Colomby Rodríguez se refirió al momento que vive el país con la reciente reforma del Código Procesal Penal, el cual -según explica- contiene restricciones que merecen ser examinadas cuidadosamente desde la Constitución y que detalló durante su exposición.

Sobre el tema, el jurista Francisco Álvarez afirmó que, en la última década, la República Dominicana ha estado viviendo una gran revolución de la jurisprudencia, destacando los cambios en el Código Procesal Penal dominicano que se traducen en un mejor servicio judicial para el ciudadano.

Asimismo, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, expuso algunos puntos trascendentes relativos a la reforma procesal y que, desde su óptica, impactan el ámbito de la investigación, el proceso y el juicio, entre los que citó la flexibilización procesal en las salidas alternas.

Al participar en el conversatorio, el jurista Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo, explicó que la jurisdicción privilegiada es una competencia especial que no busca beneficiar al sometido a la justicia, sino proteger la función pública y evitar abusos de poder político que pudiera haber en la investigación de un proceso.

Para concluir el panel, el director jurídico del TC, Wilmer Espinosa, destacó el impacto directo de esta alta corte en la reforma del Código Procesal Penal dominicano, citando algunas de las sentencias relacionadas con este tema.

La sesión vespertina contó con la ponencia del Dr. Perfecto Andrés Ibáñez, exmagistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España y catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, quien resaltó que la motivación judicial actúa como un filtro previo contra la arbitrariedad: “Lo que no se puede motivar, no se debe decidir. La decisión en el proceso penal exige método y justificación de calidad”.

Otro aspecto del debido proceso fue tratado por el Dr. Michael Hassemer, reconocido catedrático de la Universidad de Kaiserslautern, Alemania, que habló sobre el concepto de neutralidad judicial desde una perspectiva global, estructurándolo en dos vertientes esenciales dentro del discurso jurídico-político: la neutralidad política, enfocada en la independencia partidista y la neutralidad religiosa e ideológica.

De su lado, el magistrado Helder Domínguez Haro, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, afirmó que el papel de la magistratura o la legitimidad democrática de la justicia se debe concretizar en resoluciones judiciales debidamente motivadas, razonables, predecibles y entendibles.

A seguidas, el procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, dictó la conferencia: “El debido proceso en el uso de la potestad sancionadora contra actos de la administración pública, comparando el accionar de la Justicia en su país y en el nuestro, en cuanto a la forma de manejo cuando está involucrado el Estado”.

La segunda jornada del Congreso concluyó con el panel “Las prácticas distorsionadas”, moderado por el magistrado Fran Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia, donde el jurista Pedro Balbuena habló sobre la lectura de la acusación, sus alcances y límites; y la magistrada Elka Reyes, jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, disertó sobre la audiencia preliminar.

Asimismo, el magistrado Juan Carlos Bircann, procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, hizo referencia a la solicitud de medida de coerción y la preparación del documento acusatorio, y el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, conversó sobre el papel del juez en la dirección de las audiencias.