Ellen Pérez Ducy, economista Senior de Intelligent Economics Dominicana, afirma que en el país los subsidios han mitigado el impacto de los altos precios de la energía y por eso la inflación de alimentos permanece relativamente baja, o está “sobre la meta, como acontece en casi todos los países”.

Pérez Ducy dijo respecto al informe del Banco Mundial que prevé un alza de 32% en los precios de la energía y de un 18% en los alimentos, producto de la guerra en Irán que a su vez ha afectado el comportamiento del valor del petróleo y sus derivados, la sequía, inundaciones y otras dificultades generadas por el fenómeno de El Niño, que los precios de los combustibles toman tiempo para traspasarse a los alimentos a nivel internacional.

Explicó que a seis meses del inicio del conflicto en Medio Oriente ya el alza empieza a sentirse.

Precisa que también juegan un rol una serie de factores que agravan una escasez que ya venía presentándose por sequías y otros factores climáticos que se profundizarán en los próximos dos trimestres.

En su reciente informe, el Banco Mundial anuncia su disponibilidad a facilitar financiamientos para hacer frente a esas dificultades.

“Si los organismos multilaterales están dispuestos a ofrecer financiamientos baratos deben ser considerados. Pero debe vigilarse la reciente mejoría en el equilibrio fiscal, ante renovaciones de deuda interna próximos, nuevos requerimientos de endeudamientos externos y aumentos previstos en las tasas de interés Internacionales – el Banco de Inglaterra acaba de incrementar su tasa a 4%”, señaló.

Recalcó que las recomendaciones de reducir la dependencia del petróleo y buscar nuevas fuentes de inversión y exportación son muy atractivas.

El Banco Mundial advierte que la menor producción de petróleo crudo y de combustibles encarecerá los precios de la energía en un 32% y los alimentos en un 18%, situación que empujaría a la pobreza a más personas en el mundo. También prevé que el precio de los fertilizantes suba en un 14%.

Ayhan Kose, economista en jefe adjunto y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial afirma que: “Los mayores costos de la energía y las disrupciones en el comercio están impulsando el alza de los precios de diversos productos básicos, lo que podría agravar la inflación y la inseguridad alimentaria, y frenar el crecimiento económico. La prioridad debe ser proteger a las personas más pobres y apoyar a los países de ingreso bajo que ya se ven agobiados por pesadas cargas de deuda”.

Sobre el tema se han referido otros profesionales de la economía. Incluso, el Banco Central (BCRD) informó que la inflación interanual (medida desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026) se ubicó en 5.14%, con una alta incidencia en los precios del transporte y los alimentos, “debido en medida a las presiones inflacionarias asociadas al choque energético global”.

Al respecto, el economista Luis Vargas propone la institucionalización de una Mesa de Dialogo, Análisis y Propuestas de Solución sobre la crisis energética (electricidad y combustibles) y transición energético-ambiental.

Richard Medina, plantea que el Gobierno debe actuar bajando los precios al productor y promover la siembra de productos agrícolas de forma masiva, para contribuir a que los precios de los principales alimentos bajen.

En tanto que Luis Manuel Piantini opina que el Gobierno debe de evitar la escasez, para que a través de los programas agrícolas haya abundancia de productos y de esa forma evitar alza desmesurada en los precios, como también continuar con sus programas de apoyo en el campo para aumentar su productividad.

Indica que las proyecciones de aumentos en el precio de los metales serán de gran beneficio con un aumento en las exportaciones de minerales, “lo cual compensaría el aumento en las importaciones de alimentos. Sin tener que utilizar las reservas internacionales”.

El Banco Mundial anunció que dispone de entre US$50,000 millones y US$60,000 millones a través de instrumentos existentes, incluidos US$25,000 millones en financiamiento preestablecido, para respaldar las redes de protección social para las personas más vulnerables, ampliar la capacidad fiscal, y proporcionar capital de trabajo y apoyo de liquidez a empresas y explotaciones agrícolas.