Las principales asociaciones de turismo de la República Dominicana expresaron su preocupación por la forma en que se aplica la contribución para la gestión integral de residuos sólidos al sector.
Consideran que el esquema actual no reconoce la naturaleza de intermediación de las agencias de viajes, turoperadores, mayoristas y empresas de servicios vinculadas a la actividad.
La posición fue fijada durante una rueda de prensa conjunta en la que el presidente de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), Bladimir Monegro, fungió como vocero, acompañado de los directivos de las demás entidades del sector.
Las organizaciones explicaron que las empresas intermediarias manejan altos volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y no generan residuos sólidos en proporción a dichos montos. Por ello, advirtieron que aplicar la contribución sobre la facturación bruta crea una carga desproporcionada para las mipymes turísticas.
“Somos mipymes turísticas, intermediarios y comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico”, expresó Monegro en representación de los gremios.
Precisaron, además, que un mismo servicio puede ser alcanzado varias veces dentro de la cadena de comercialización.
Por ejemplo, una agencia minorista puede comprar a un mayorista, este contratar a un hotel, transporte o excursión, y cada actor resultar sujeto nuevamente al cobro, aun cuando no todos generen desechos relevantes.
Según las asociaciones, este modelo encarece la operación, reduce la competitividad y presiona los márgenes de las empresas formales.
Esto impacta con particular fuerza a las mipymes turísticas, que ya asumen nuevas cargas derivadas de la reciente reforma fiscal y tienen menor capacidad para absorber aumentos.
Las organizaciones aclararon que no se oponen a la sostenibilidad ambiental ni al cumplimiento de la Ley 225-20; al contrario, respaldan una gestión responsable, pero consideran que la aplicación de la tasa debe alinearse con el espíritu técnico de la legislación.
Recordaron que la normativa contempla que la fórmula de cobro tome en cuenta factores diferenciadores, tales como la cantidad de residuos generados, los niveles de ingresos, los beneficios logrados y el tipo de actividad productiva. Por tanto, señalaron que el reclamo no procura una exención, sino una aplicación coherente, justa y proporcional.
Asimismo, solicitaron mayor transparencia sobre los recursos recaudados desde la entrada en vigencia de esta contribución, así como información clara sobre los proyectos ejecutados, resultados alcanzados y mecanismos de fiscalización.
“Antes de establecer aumentos desproporcionados, el país debe conocer con claridad qué se ha hecho con los fondos recaudados, cuáles resultados se han obtenido y cómo se está impactando realmente la gestión de los residuos sólidos”, declararon.
Finalmente, reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de una solución equilibrada que permita cumplir los objetivos ambientales de la ley sin afectar la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad financiera del sector.
