Suplidores del almuerzo escolar protestaron este lunes en las afueras de la sede del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) con el propósito de denunciar supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

Durante la manifestación, la consultora de Mipymes Elizabeth Beriguete pidió a las autoridades detener los movimientos relacionados con centros de recursos no licitados y suplidores de nuevo ingreso, hasta que sean aclaradas las situaciones denunciadas.

“Que frenen los movimientos de los centros de relaciones no licitada y los de nuevo ingreso. Necesitamos que eso se frene para que esto pueda recibir lo que le corresponda. Y de aquí le digo a las autoridades de aquí del Inabie, que se abstengan de hacer mal uso de esos centros y de esas relaciones para que no corran igual suerte que los anteriores”, manifestó.

Beriguete también reclamó que las investigaciones sobre el proceso terminen antes de que se entreguen los anticipos. Advirtió que, si una cocina cuestionada recibe los anticipos por adelantado, y aunque la eliminen, esa cocina ya habría recibido el beneficio económico.

Durante su intervención, la consultora indicó que si durante las investigaciones existió favoritismo, manipulación o pagos debe de determinarse que lo hizo y por ende responder quienes hayan incurrido en esas acciones.

Como parte de sus cuestionamientos, también incluyó el tema de los jóvenes de Azua, los cuales fueron beneficiados con una licitación de 110 millones de pesos en historial crediticio.

Estas denuncias también abarcan el proceso de licitación del almuerzo escolar en San Pedro de Macorís, valorado en más de RD$1,900 millones.

Según documentos presentados por suplidores afectados, 15 de las 51 empresas adjudicadas en esa provincia habían sido descalificadas inicialmente y posteriormente obtuvieron contratos que superan los RD$445 millones.

INABIE

Ante los reclamos, el Inabie informó que una semana antes de la protesta su director ejecutivo, Adolfo Pérez, y un equipo técnico se reunieron con el grupo de suplidores para escuchar sus planteamientos y explicar la ruta de trabajo establecida.

La institución explicó que entre los participantes se encuentran suplidores que fueron habilitados y figuran en el reporte de lugares ocupados de la licitación del almuerzo escolar correspondiente a los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028, así como otros que no alcanzaron la puntuación requerida para ser habilitados conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

En el encuentro, el Inabie explicó las condiciones que deben cumplirse para una eventual adjudicación, de acuerdo con las reglas del proceso y los criterios establecidos para todos los participantes.

Asimismo, la institución presentó una ruta de trabajo para evaluar la posibilidad de atender, mediante suplidores que se encuentran en la lista de lugares ocupados, las nuevas necesidades de raciones alimenticias generadas por la incorporación de nuevos centros educativos al Programa de Alimentación Escolar (PAE) con posterioridad al proceso de contratación.

Como parte de esta ruta, el Inabie elevó una consulta formal a la Contraloría General de la República sobre el mecanismo para continuar con este proceso. La institución se encuentra a la espera de este pronunciamiento para dar continuidad a las acciones correspondientes.

La entidad reiteró su disposición al diálogo, su compromiso de atender los planteamientos de los suplidores dentro del marco establecido para la contratación pública, y el correcto uso de los recursos públicos; al tiempo que reafirmó que su objetivo principal es garantizar el bienestar de los estudiantes del sistema educativo público.

Un proceso diseñado para evitar la discrecionalidad

En la licitación del almuerzo escolar participaron 2,644 oferentes, de los cuales 1,729 resultaron adjudicados. Es decir, había más oferentes que adjudicaciones disponibles.

El INABIE explicó que incorporaron controles en sus distintas etapas y que las adjudicaciones no dependieron de la decisión discrecional.

Precisó que la evaluación de los oferentes estuvo sujeta al cumplimiento de requisitos legales, financieros y técnicos establecidos previamente en los pliegos de condiciones.

La entidad indicó que los participantes que resultaron habilitados fueron posteriormente evaluados mediante una metodología y una puntuación previamente definidas. La evaluación técnica representó un máximo de 80 puntos, mientras que el criterio de distancia entre una cocina y los grupos referenciales o centros educativos representó un máximo de 20 puntos.

Resaltó que la adjudicación se realizó tomando en consideración la puntuación total obtenida, conforme a la metodología establecida y detalló que la asignación se realizó mediante un sistema digital que tomó como referencia la ubicación promedia de los grupos de centros educativos y las cocinas habilitadas, conforme a los criterios establecidos.