Los abogados de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la fallecida Jhoanna Rodríguez de Grullón, quien fuera esposa de Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, también fallecido en el colapso de la discoteca Jet Set, solicitaron al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra de los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.

Los juristas Juan Tomás Vargas de Camps y Adis Tapia, en representación de Rodríguez Martínez, pidieron al juez Raymundo Mejía enviar a juicio de fondo a los hermanos Espaillat bajo la calificación de homicidio voluntario, a fin de que respondan por los hechos que se les imputan.

La defensa presentó una acusación particular que eleva la calificación jurídica a homicidio voluntario bajo la modalidad de dolo eventual.

Argumentan que los acusados conocían el riesgo inminente de una tragedia y, aun así, decidieron ignorarlo.

Sostienen que el suceso no fue un accidente fortuito, sino la culminación de una serie de acciones temerarias orientadas únicamente al beneficio económico.

En la instancia, acusan a los hermanos Espaillat de ordenar remodelaciones y ampliaciones sin licencias ni estudios técnicos, llegando incluso a eliminar columnas estructurales y sobrecargar el techo con capas de mortero, tinacos y equipos de aire acondicionado de gran peso.

Según el jurista Vargas de Camps, el establecimiento mantuvo actividades multitudinarias pese al deterioro progresivo del techo, el cual presentaba filtraciones graves, caída de plafones y desprendimiento de escombros que ya habían sido denunciados por empleados y clientes.

Asimismo, destacó que la noche del siniestro los propietarios habrían dispuesto continuar con el evento, a pesar de que testigos principales advirtieron sobre la caída de trozos de techo e incluso cuando ya se habían producido heridos leves entre los asistentes antes del colapso final.

El abogado dijo que en el año 2014 se les recomendó realizar un estudio estructural que fue abandonado, lo que para la querella constituye una prueba irrefutable de que los imputados conocían la fragilidad del inmueble desde hacía años.