La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) reconoce que la industria minera hace los aportes que le corresponden, pero no se ve en las comunidades.

Desde 2016, el país implementa el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), cuyo objetivo es promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los ingresos provenientes de la minería y los hidrocarburos.

Según Pedro Esteva, presidente del Consejo de Directores de Camipe, se trata de un acuerdo entre los productores (las empresas mineras) y el Gobierno para auditar la cantidad que las empresas mineras pagan en impuestos de acuerdo con la ley o con los contratos, así como también el dinero que el Gobierno acusa recibir en buen término.

El también presidente y CEO de la empresa IMCA, durante una visita al director de LISTÍN DIARIO a inicios de junio, aseguró que existen alrededor de cuatro auditorías que confirman que el dinero ha sido recibido por el Gobierno, “el problema es que no va a la comunidad; entonces, se le mete la presión a la minera”. Asimismo, resaltó que cada empresa ejecuta programas sociales adicionales a los aportes tributarios que reportan.

“La infraestructura de las provincias donde hay minería, ese dinero lo ha administrado de alguna forma el Gobierno central, pero no se dedica una parte importante en el desarrollo de esa provincia”, argumentó Esteva.

El empresario minero y representante de la Camipe consideró que de la explotación de los recursos minerales deben quedar frutos para las comunidades, ya sea infraestructuras, nuevos profesionales o técnico-profesionales, acceso a la salud, entre otros; en otras palabras, “que el dinero se quede ahí”, como quieren los residentes de esas zonas de extracción.

“Nosotros proponemos que el 5% tiene que tener una herramienta o un mecanismo en el que pueda ser, no solamente aplicable, sino verificable y trazable; en ese sentido, pues el Gobierno y obviamente, cuando toque, el Congreso, determinarán cuál va a ser la herramienta que se utilizará”, dijo Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe durante el citado encuentro de miembros de la Cámara con Miguel Franjul, director de este medio. Una herramienta que, desde su perspectiva, dotará de credibilidad a las empresas, pero sobre todo al Estado.

“Y nosotros como empresas también tenemos el deber, no solamente de decir ‘nosotros pagamos el impuesto’, sino de ser parte de ese grupo de la comunidad que realmente diga: ‘bueno, ¿en qué lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer de este lugar mejor y cómo lo vamos a dejar mejor para las generaciones futuras?'”, agregó Valerio.

Propuesta de nueva ley

En una propuesta de modernización de la Ley Minera de la República Dominicana No. 146-71, la Camipe plantea un modelo de gobernanza del 5 % basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana.

El objetivo es que estos recursos no sean absorbidos por el gasto corriente ni por decisiones discrecionales, sino orientados a proyectos estructurales que eleven la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.

Este no es el único aspecto a reformar en la normativa de 1971. Que tenga un alto contenido de la Constitución Dominicana, legislación que establece que el Estado es dueño del subsuelo, es otro de los aspectos identificados para mejorar junto a siete ejes que, de ser abordados y cumplidos, creen que pueden hacer una ley mejor.

“Una ley mejor no es precisamente la que tenga más artículos o la que ponga palabras más de este tiempo, sino la que mejor se pueda aplicar”, aclaró el director ejecutivo de esta asociación compuesta por 44 empresas del sector minero y petrolero.

Entre los ejes, se enumera que desde el principio los objetivos y el objeto de la ley estén identificados para así evitar “tanta discrecionalidad”. Asimismo, abordan que los organismos vinculados al tema tengan debidamente delimitadas sus funciones, también el cuidado y la protección del medio ambiente, y que prevalezcan los principios de seguridad jurídica y del debido proceso, entre otros.

“Pero hay que tener cuidado con eso”, dijo Valerio sobre lo último, “porque cuando lo decimos nosotros, la gente cree que nosotros como sector privado estamos buscando garantías y no es buscando garantías; se supone que cuando hay seguridad jurídica beneficia a todos: a las empresas, porque te da certeza en lo que tú estás haciendo; al Estado, porque lo hace más fuerte y a la comunidad, porque sabe a qué atenerse; y al mismo medio ambiente, de hecho, porque sabe quién lo fiscaliza”.