La imagen se repite una y otra vez: una persona subida en una grúa toma una motosierra entre sus manos, la pone a funcionar y apunta como su objetivo el tronco o la rama de algún árbol que solía ser refugio de transeúntes que buscaban en su sombra un resguardo ante las inclemencias de un candente sol que casi a diario azota las calles del Distrito Nacional.
Sin explicaciones, el trabajador se limita a obedecer la orden de cortar, ignorando cualquier otro detalle que haya detrás. Aunque la capital dominicana es el epicentro habitual de árboles talados, en otras zonas, como Baní, provincia Peravia, robles antiquísimos fueron cortados indiscriminadamente.
Casos como el de Baní reabren el debate sobre el decreto que el Gobierno firmó contra el “terrorismo medioambiental”.
El 2 de septiembre, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, en el que daba prioridad estratégica a la lucha contra el terrorismo medioambiental, argumentando que había decidido “actuar de manera drástica” ante aquellos que ocasionaban daños en parques nacionales.
Sin embargo, el propio decreto no introduce un nuevo delito como tal, sino que se limita a definir el “terrorismo medioambiental” como actos que, por su gravedad y finalidad, pueden encajar en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, y ordena remitir las agresiones al Ministerio Público, además de que las penas que citó el presidente ya existían.
El Gobierno, en su cruzada por hacer frente a aquellos que dañan el medio ambiente, centra sus esfuerzos en parques nacionales, pero ¿quién protege los árboles y espacios verdes de las ciudades?
La capital, con poca sombra
En diversos escenarios se ha señalado la carencia de espacios verdes en la capital dominicana. Un estudio, por ejemplo, publicado en la revista “Frontiers in Sustainable Cities” situó la cobertura arbórea del Distrito Nacional en 15.4 por ciento, unos 14 kilómetros cuadrados, con más del 60 % del territorio ocupado por asfalto y edificaciones.
Sin embargo, la distribución es desigual. Según investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Circunscripción 3 del Distrito Nacional tiene la menor cantidad y calidad de árboles y las temperaturas más altas, mientras que la Circunscripción 2 presenta la mejor cobertura.
La investigadora Solhanlle Bonilla Duarte, según registros periodísticos, explicó que esas conclusiones salen de un estudio realizado entre 2017 y 2019 en 206 parcelas, con la herramienta i-Tree del Servicio Forestal de Estados Unidos.
Atribuyó el déficit al crecimiento vertical, es decir, donde antes vivía una familia con patio, hoy viven decenas, y “muchos de esos árboles desaparecieron”. La misma investigación determinó que más del 70 % de las especies arbóreas del Distrito son introducidas, no nativas.
Bonilla recordó que la legislación de ordenamiento territorial fija un mínimo de nueve metros cuadrados de área verde por habitante.
¿Qué se siembra?
La Alcaldía del Distrito Nacional informó que desde abril de 2020 dice haber incorporado más de 110 mil árboles, arbustos y plantas ornamentales en más de 216 parques y plazas, aceras y avenidas, mencionando especies como mara, gri gri, caoba criolla, almácigo, guayacán, roblillo y penda.
Sin embargo, la cifra mezcla árboles con plantas de jardín y especies pequeñas. Un video publicado en redes sociales por el político de Opción Democrática Felipe Gavilán muestra que en su informe de gestión del año 2024-2025, la Alcaldía del Distrito Nacional dice haber plantado 14,516 árboles en ese período, pero de estos cerca de 10 mil eran arbustos o especies pequeñas como la guáyiga o agaves.
Actualmente, el sitio web del cabildo está en “mantenimiento”, lo que impide el acceso a informes de gestión y otros documentos.
La categorización utilizada en las cifras del ayuntamiento del Distrito Nacional entra en conflicto directo con lo que establece la “Normativa para el arbolado urbano de Santo Domingo”.
Este documento, elaborado hace casi dos décadas por el cabildo y el Jardín Botánico Nacional, exige una “clasificación estricta” de la flora urbana y separa las especies en seis categorías distintas: árboles, palmas, arbustos, cactáceas, herbáceas y lianas o trepadoras.
Si bien la normativa establece que se deben fomentar especies con “valores culturales”, mencionando casos como el de la guáyiga, esta planta no está clasificada como un “árbol”.
Sumar arbustos y plantas en el conteo general de “árboles plantados” se puede interpretar como una distorsión en el impacto real de la arborización que lleva a cabo la Alcaldía del Distrito Nacional, ya que el propio reglamento diferencia el manejo y el porte de los árboles frente a otras “plantas menores”.
A nivel ambiental, el impacto de un arbusto no sustituye al de un árbol urbano. La misma normativa advierte que “solamente sembrando árboles con una estructura equilibrada es posible prevenir problemas futuros y asegurar su longevidad”.
Además, el documento exige que los árboles a plantar cuenten con características físicas específicas, como “un fuste derecho libre de heridas, un tronco único, una copa equilibrada y un sistema radicular bien desarrollado”, requerimientos estructurales que plantas de menor tamaño no tienen.
Regulación de talas
La otra cara de la moneda de la siembra es la tala. Lo sucedido en Baní con los robles, que este medio denunció, sumado a sucesos como los más de 900 árboles cortados el pasado año 2025 en el Centro Olímpico y las constantes denuncias ciudadanas de cortes sin autorización, tomando como referencia lo sucedido en el Mirador Sur, son solo algunos de los casos que podrían ser considerados “terrorismo medioambiental”.
Frente a la constante pérdida de espacios verdes en la capital, a nivel legal se establece que ni la poda ni la tala de un árbol en la vía pública son acciones “de libre albedrío”.
Las responsabilidades para este caso están divididas. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente es la entidad a cargo de conceder permisos para el corte de árboles en propiedades o proyectos por causas justificadas.
Mientras, en las áreas verdes públicas, la competencia es exclusiva de los ayuntamientos.
En el Distrito Nacional, la normativa exige una autorización previa emitida por la Dirección de Gestión Ambiental, al tiempo que la Ordenanza número 9-2014 del propio cabildo establece que solo las empresas privadas que cuenten con una licencia vigente de poda sobre el arbolado están autorizadas a trabajar en el dominio público.
Mientras el decreto que declara el terrorismo medioambiental mira hacia los parques nacionales, en la ciudad la grúa y la motosierra siguen operando bajo un esquema de permisos repartido entre Medio Ambiente y los ayuntamientos.
Pero, ¿quién responde cuando un árbol cae sin autorización?
Concepto “terrorismo medioambiental”
Se refiere al Decreto 615-26, emitido por el presidente Luis Abinader el pasao 2 de septiembre, mediante el cual se declaró de prioridad estratégica la lucha contra este tipo de actos.
En su definición jurídica, el decreto no crea un delito penal nuevo. En su lugar, califica como “terrorismo medioambiental” a aquellas agresiones que, por su gravedad y finalidad de causar daño masivo a la naturaleza, encajan en los supuestos de la Ley 267-08 sobre terrorismo.
