El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, disminuyó de 20 millones de pesos  y 5 millones, la garantía económica que deberá pagar Ada Ledesma, implicada en el caso (Senasa), quien permanece privada de libertad debido a la imposibilidad económica de pagar la garantía impuesta originalmente.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero acogió de manera parcial el pedido de la imputada, a través de su abogado Gustavo de los Santos Coll, pedimento que encontró oposición en el Ministerio Público y los abogados que representan al Estado dominicano, alegando la falta de pruebas sobre la insolvencia,

Asimismo, el tribunal, durante la audiencia de revisión de medida, mantuvo la medida de coerción en contra de la imputada, consistente en arresto domiciliario, el brazalete electrónico y el impedimento de salida que pesa en su contra, la cual había dictado el 16 de julio pasado.

La defensa técnica argumentó que, a pesar de existir una orden de libertad condicionada al pago de una fianza, la encartada no había podido materializar su salida del centro penitenciario.

Para acreditar la falta de recursos, la defensa presentó certificaciones y cotizaciones de empresas afianzadoras que demostraban la incapacidad financiera de la procesada para cubrir la suma fijada.

El magistrado Peguero fundamentó su decisión en el artículo 239 del Código Procesal Penal, disminuyendo el monto de 20 millones de pesos a 5, los cuales deberán pagarse mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora.

El tribunal destacó que la norma prohíbe fijar garantías de imposible cumplimiento, al tiempo que exige que la medida sea un mecanismo eficaz para sujetar al imputado al proceso.

Mientras que la imputada Ada Ledesma, expresó la desesperación que vive tras permanecer ocho meses privada de libertad por no poder costear la garantía económica impuesta en su contra para obtener su libertad.

Con la voz quebrada, la imputada desmintió las versiones que señalan que posee grandes sumas de dinero producto de supuestos actos irregulares en la institución.

Ledesma manifestó que la percepción pública la ha convertido en un “chivo expiatorio” de la sociedad, comparando su situación con los espectáculos de la antigua Roma donde el pueblo “exigía sangre”.

Afirmó de manera que no cuenta con los recursos ni con dos millones de pesos para pagar la fianza, señalando que de haber poseído el dinero lo habría entregado de inmediato para salir del régimen de máxima seguridad.

Denunció un trato diferente frente a otros procesados en el mismo expediente, señalando que a otros coimputados se les fijaron fianzas de apenas RD$50,000, mientras que a ella se le exigieron montos inalcanzables.

Relató conmovida que la presión mediática y judicial ha provocado que allegados y amigos le den la espalda, dejándola en una situación de total desamparo financiero y personal.

Ledesma reiteró que entregó todo su trabajo a la entidad y que actualmente es la parte más afectada del proceso, manteniendo la fe en que el sistema judicial y la justicia divina permitirán que se demuestre su verdad y pueda recuperar su libertad.