La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó preocupación ante recientes casos difundidos por medios de comunicación que evidencian graves dificultades enfrentadas por algunas personas privadas de libertad dentro del sistema de justicia dominicano.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, instó a que cualquier acto de privación de libertad que exceda el límite establecido por la legislación sea revisado y corregido con urgencia por las autoridades competentes.

Consideró que la privación de libertad constituye una de las manifestaciones más agudas del poder del Estado sobre una persona y, por ello, no puede ejercerse sin límites, controles ni revisión, tras señalar que el principio constitucional establece que la libertad es la regla y su restricción una excepción sometida a límites, garantías y controles estrictos.

Entre los casos señalados por la entidad, destaca el de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, desde 2006 hasta 2026, cuando la intervención de la Defensa Pública permitió que recuperara su libertad.

Asimismo, recordó que recientemente 13 personas estuvieron detenidas por más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que concluyó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.

Según el jurista, estos hechos generan preocupación sobre la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento adecuado de algunos casos, pues una persona puede permanecer años privada de su libertad mientras su situación legal queda sin una respuesta definitiva.

La entidad reconoció que la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito, y que las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia, así como la sociedad tiene derecho a que quienes violen la ley sean debidamente sancionados.

No obstante, advirtió que la firmeza del Estado no puede confundirse con la ausencia de límites, ya que en un Estado social y democrático de derecho, el poder punitivo está sometido a la Constitución, a la ley, a la proporcionalidad, a la dignidad humana y al debido proceso.

Sostuvo que esta situación no debe abordarse como un problema aislado, sino como el reflejo de fallas acumuladas dentro del sistema de justicia penal: personas privadas de libertad durante períodos prolongados sin una respuesta judicial oportuna, procesos que se extienden más allá de lo razonable, y una prisión preventiva que corre el riesgo de convertirse en una pena anticipada.

Castaños Guzmán consideró que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicamente distintas que no pueden recibir el mismo tratamiento, ya que la prisión preventiva no constituye una condena ni una sanción anticipada, y toda persona detenida conserva la presunción de inocencia.

Señaló que corresponde al conjunto de instituciones que intervienen en el sistema de justicia penal, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos responsables de la administración penitenciaria, garantizar que ninguna persona permanezca privada de libertad debido a la ineficiencia, las dilaciones o la falta de coordinación del propio sistema.

El jurista reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar dentro de los parámetros legales, recordando que la Constitución dominicana protege la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, derechos que no desaparecen cuando una persona es ingresada a un destacamento o a una cárcel, ni por la gravedad del delito imputado.