Hay personas sorprendidas por el despertar de la movilización social en los últimos días, expresada en bloqueo de avenidas, cacerolazos en residenciales de clase media alta, inundación de la prensa y las redes sociales con denuncias documentadas de violencia policial e irregularidades en organismos públicos.

A mí no me sorprende y lo advertí hace una semana en mi artículo titulado ¿En qué se parece este gobierno a la tiranía de Ulises Heureaux?

Entonces afirmé que vivimos en “un país endeudado hasta el límite, una población sin horizonte y desesperada por emigrar por la falta de oportunidades, un gobierno tratando de provocar la autocensura y la persecución penal contra las voces críticas de sus prevaricaciones y la inoperancia, carestía de alimentos, medicinas, pasajes y servicios”.

Fui más lejos al sostener que “por absurdo que parezca un momento, el pueblo dominicano siempre sabrá cómo abrir un hueco para que pasen las grandes masas gritando libertad y destronando tiranías”.

La paciencia y la indiferencia de la mayoría de la población comenzaron a agotarse frente a las prácticas, las incompetencias y el desorden consolidado en los últimos años.

Paquetazo impositivo

Abusando de su mayoría legislativa, el gobierno de Abinader impuso un paquetazo impositivo que salió de la Presidencia al Congreso y regresó como ley y se promulgó rompiendo un récord de apresuramiento y oídos sordos ante los reclamos de los sectores afectados.

La clase media, las mayores empresas, el empleo, el comercio, las operaciones financieras, el turismo, son los grandes afectados y la gente comenzó a sentir el daño económico, por lo que en la primera oportunidad, la reacción es masiva contra el gobierno.

Con la aprobación del paquetazo impositivo, el gobierno hizo un ejercicio tosco de su interés en enfrentar la crisis que prevé sobrevendrá por la carestía de las materias primas como consecuencia de las guerras en Ucrania y en Irán.

Quiere más dinero para regalos clientelares, subsidios a servicios que cada día son peores y más costosos, mientras que la inversión en infraestructura sigue cayendo como pringo de cuaba de hacho ardiendo.

Agropecuaria en quiebra

El gobierno está exprimiendo los bolsillos de la población y contratando préstamos para disponer de efectivo suficiente para el dispendio oficial, mientras languidece la agropecuaria por la desatención oficial y la competencia de las importaciones de alimentos, que estimula el Estado con sus políticas y con sus recursos financieros.

Ahí vamos directo a un mayor encarecimiento de alimentos como el arroz porque el sector está mayoritariamente quebrado y el cereal importado viene con la inflación de costos, fletes y financiamiento.

Los productores de café elevaron el grito al cielo clamando apoyo del gobierno porque cuando los precios en bolsa tienen máximos históricos, ellos no pueden elevar la productividad por falta de asistencia técnica, financiamiento y mejoras de infraestructura.

Los productores de aguacates, que han logrado avances técnicos considerables y por tanto cosechas de alto rendimiento, no pueden sacar beneficios porque no disponen de caminos para sacar la fruta sin dañarla, se les cierran parcialmente las exportaciones porque el gobierno botó a los técnicos agropecuarios y ahora no hay controles sanitarios y los países importadores cierran sus mercados.

Da pena ver a los productores de hortalizas quemando repollo, apio, tomates y otros rubros porque los precios de venta no compensan los costos de producción y mercadeo, como resultado –entre otros factores– de una caída brutal del consumo por el escaso poder adquisitivo de las familias y la carestía de otros bienes básicos, como las medicinas, los pasajes y los servicios.

Combustibles y apagones

Con ese telón de fondo, el gobierno subió agresivamente los precios de los combustibles, provocando alzas en cascada en todas las actividades productivas y aprovechándose para cobrar más impuestos mediante el ad valorem.

Como si eso fuera poco, retornaron los apagones en todo el país exactamente en el momento en que se incrementó la tarifa por servicio eléctrico y las facturas llegan con montos tan escandalosos que hacen hervir la indignación ciudadana.

Sugerencias sobre la Policía

El asesinato a plena luz del día de un joven en Guajimía a manos de un policía integrante de una patrulla “preventiva”, enseñó la podredumbre moral que brota cuando el abuso de las autoridades se generaliza.

Ahora van los legisladores corriendo a aprobar la ley de reforma de la Policía creyendo que la autoridad y el respeto de un cuerpo del orden se logran por palabras en un papel.

Si el presidente Abinader no prohíbe –expresa y públicamente– las redadas, los retenes y los registros ilegales que no están destinados a prevenir delincuencia sino a apropiarse irregularmente de vehículos, bocinas, armas, entre otras, puede aprobarse hasta el Código de Hammurabi y las muertes y los atropellos continuarán.

Que el ministerio público –sin complicidad ni miedo– investigue qué porcentaje de propiedades ajenas retenidas por la Policía son enviadas a la justicia. Ahí la sorpresa será total.

El jefe del Estado debe instruir al ministerio público –que no ha tenido nada que ver con esas retenciones ilegales– para que pida públicamente a todos los ciudadanos afectados que concurran inmediatamente a los cuarteles donde los fiscales les devolverán sus bienes sin más trámite que probar su propiedad legítima.

El ámbito de actuación de la Policía está claro: detener por orden judicial o por fragrante delito, no por perfil sospechoso determinado por los mismos policías.

Acallar voces críticas

Burlándose de los directores de medios de comunicación a quienes el gobierno embobó durante largo tiempo discutiendo una reforma a la Ley de Prensa, años después de entregado el trabajo final, los legisladores oficialistas tienen engavetado el proyecto, mientras hicieron consignar en el Código Penal artículos para tratar de silenciar las voces críticas de la comunicación social.

Se trata de un vano intento de acallar la verdad y proteger la corrupción, los abusos y la incompetencia. Cuando a la gente decente se le impide expresar sus opiniones, la ONU ha dicho que se le compele a acudir “al supremo derecho de la rebelión, contra la tiranía y la opresión”.

El pueblo ha comenzado a salir a barrer el excremento que el gobierno le echa encima.