Algunos empresarios del sector de los combustibles creen que ya fueron aclaradas todas las dudas en torno al buque Ocean Mariner, de bandera de Liberia, que zarpó desde Colombia a principios de febrero y que fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos tras una alerta de que iba ilegalmente para Cuba.

La versión oficial es que el buque pasó todos los controles. Lo concreto es que, según documentos, iba para República Dominicana, pero después del incidente terminó desviándose hacia Bahamas, donde descargó el combustible que llevaba tras vendérselo a la poderosa multinacional Trafigura Group PTE Ltda.

El correo gringo

Hace una semana, EL TIEMPO reveló fotos y actas de la inspección que la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y hasta un funcionario de Ecopetrol le hicieron al buque antes de dejarlo ir y a pesar de que este ya había sido detectado llevando ayuda humanitaria desde México a Cuba en contravía de las advertencias de Washington.

Este diario reveló los nombres de tres de las cuatro empresas que figuran en la negociación del combustible y cuyo costo superó los 6,9 millones de dólares: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (ISM), la vendedora; Monarch Security Latin America Inc., la intermediaria; y Trafigura Group, la compradora final. Sin embargo, falta una cuarta empresa, de la que nadie suministra el nombre.

Pero todos coinciden en señalar que se trató de una transacción legal y que ninguna autoridad los ha requerido para dar explicaciones.

Incluso, el presidente Petro reaccionó a la investigación de EL TIEMPO con un trino en el que dijo que “no hay delito en transporte libre de petróleo en el Caribe” e invitó a Estados Unidos a cambiar su política en torno a la isla.

No obstante, agentes federales le dijeron a EL TIEMPO que ese episodio es tan solo uno de los que chequea el FBI, dentro de un expediente reservado sobre posibles burlas a las sanciones que el gobierno Trump le tiene impuestas a Cuba y un supuesto y multimillonario contrabando de diésel subsidiado que estaría saliendo ilegalmente desde Colombia.

De hecho, EL TIEMPO investigó y estableció que fue un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos —Homeland Security— quien alertó sobre las sospechas en torno al Ocean Mariner, que estaba siendo cargado en la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, en Palermo, Magdalena, a 12 kilómetros de Barranquilla.

Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que en el correo que llegó a la Dian, el funcionario aseguraba que lo que iba en el buque no sería fuel oil (combustible usado para generar energía y para maquinaria amarilla), sino posiblemente diésel subsidiado de contrabando.

Y, de manera extraoficial, al menos una de las personas que conoció la negociación le mencionó a este diario a Felipe de la Vega Vergara, que en el pasado fue ligado con una empresa en donde figuraba Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro. Trenaco SAS.

‘No tengo nada que ver’

Esa compañía tomó relevancia en 2016, luego de que trascendió que el barranquillero Álex Saab estuvo interesado en negociarla, cuando autoridades de Estados Unidos ya lo tenían bajo la lupa como presunto testaferro de Nicolás Maduro Moros.

Tras ser capturado en Cabo Verde (en 2020) y liberado luego de una fallida negociación con el gobierno Biden, Saab aterrizó en Venezuela y se convirtió en ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.

Y mientras el presidente Petro dejó claro que se había distanciado de Gutiérrez, su concuñado, Felipe de la Vega se convirtió en un conocido bróker del sector de los hidrocarburos.

“No tengo idea de quién es o por qué me están mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”, dijo De la Vega a EL TIEMPO.

No obstante, admitió que, tras varios años de experiencia profesional, por supuesto ha hecho transacciones en varios países: “He servido de broker para alguna transacción de la empresa Conquers International en Colombia.  Yo no exporto ni importo; presento posibles compradores o vendedores a diferentes compañías del sector, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y asesoro en temas de logística. Esto es con muchas compañías. No he trabajado con países o con productos sancionados”.

Sobre el concuñado del Presidente, dijo que hace 11 años no tiene ni relación ni contacto con él. Y atribuyó la mención de su nombre a un interés en afectarlo.

La carta de Minminas

Investigadores también aseguran que el Ocean Mariner, cuyo capitán es John Paul Lamis Fojas, logró zarpar de Colombia porque la Dian no tenía argumentos legales para retenerlo.

Y además, porque llegó una carta el domingo 1 de febrero desde el Ministerio de Minas en la que se afirmaba que “de conformidad con la información técnica y arancelaria contenida en declaraciones, los productos objeto de las operaciones corresponden a fueloil, el cual no se encuentra sujeto al régimen de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), razón por la cual su exportación no requiere autorización ni certificación previa” de esa cartera.

Desde el Ministerio fueron enfáticos en que la carta fue una respuesta a un requerimiento de la Dian y que, si bien el funcionario que la firma y el ministro Edwin Palma se encontraban ese día en Barranquilla, se debió a una coincidencia: Asesores eligieron esa ciudad para anunciar la rebaja en el precio de la gasolina, tras un compromiso previo con el gobernador del Atlántico. Y la aclaración sobre esa declaración de exportación fue pedida por la Dian”.

EL TIEMPO preguntó oficialmente en la Polfa y en la Dian sobre el operativo al Ocean y manifestaron que no se van a referir oficialmente al tema.

Lo que sí confirmó al menos una de esas entidades es que al cierre de esta edición no había llegado el resultado de la prueba que se le hizo al combustible en el laboratorio de Reficar, refinería de Ecopetrol.

Al respecto, ISM dijo a través de su apoderado que se trata de fueloil y que se cumplieron con todos los requisitos legales. Además, al ser un negocio bajo la modalidad de Free On Board (FOB), su responsabilidad llegó hasta cuando el barco zarpó.

EL TIEMPO se comunicó con la firma Camin Cargo Control Inc., compañía que se encargó de la inspección rutinaria de carga del Ocean Mariner, desde donde aseguraron voceros oficiales: Nosotros no le ponemos el nombre al contenido. Eso lo hacen los vendedores o compradores. No tenemos otro comentario al respecto”.

Y desde el puerto reiteraron que, según los documentos presentados por ISM, la carga era fueloil.

En cuanto a Saab, si bien allegados le dijeron a EL TIEMPO que no estaba preso en el Helicoide, esta semana el gobierno interino relevó del cargo de viceministra para Comunicación Internacional a Camilla Fabri, su esposa.