El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó formalmente al Gobierno del PRM de utilizar leyes especiales para debilitar los controles en la contratación de grandes obras de infraestructura, advirtiendo que se ha creado un “régimen paralelo” que sustituye los mecanismos ordinarios de fiscalización y transparencia.

La denuncia fue presentada por el secretario de Obras Públicas de la FP, Mariano Germán, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

El dirigente opositor señaló que, mientras el oficialismo promueve estándares más estrictos para los procesos de compras rutinarios, simultáneamente impulsa leyes transitorias para evadir la fiscalización en proyectos millonarios.

“El país está frente a una peligrosa práctica donde la excepción se convierte en regla. Cada vez que la ley general es un obstáculo para ciertos intereses, se fabrica una nueva excepción”, afirmó Germán.

Según explicó el ingeniero Germán, estas leyes especiales nacieron originalmente con un carácter temporal para destrabar obras paralizadas por la pandemia y el aumento de costos. 

Sin embargo, denunció que el esquema se ha expandido progresivamente para incluir nuevos proyectos viales, habitacionales e hidráulicos de alto impacto fiscal.

A juicio de la FP, esta dinámica reduce la transparencia y la confianza ciudadana en el uso de los fondos públicos, afecta la igualdad entre oferentes y la libre competencia, y permite que obras adjudicadas con deficiencias técnicas o presupuestos insuficientes acudan al Congreso para validar sobrecostos mediante leyes especiales.

Ante este panorama, la organización política solicitó formalmente a la Cámara de Diputados frenar la aprobación de la nueva modificación a las leyes 118-21 y 83-24 hasta que se realice una evaluación integral de su impacto fiscal y contractual.

Asimismo, la FP planteó que las instituciones publiquen los contratos originales, adendas, estudios técnicos y justificaciones de cada obra bajo este régimen, que cualquier obra estratégica sea sometida a la ley general de contrataciones públicas, limitando las excepciones a casos reales y temporales e iniciar un análisis técnico-jurídico sobre la validez de las sucesivas leyes transitorias utilizadas por el Ejecutivo.

Finalmente, Germán aclaró que la postura del partido no busca detener el desarrollo de la infraestructura nacional, sino asegurar que los recursos del Estado se manejen bajo el marco de la ley.