La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, TC 0788-24, emitida el 13 de diciembre de 2024, ha generado un intenso debate en el ámbito político y electoral. Esta decisión establece la viabilidad de las candidaturas electorales independientes, un avance significativo hacia la democratización y la pluralidad política en el país. Sin embargo, la oposición de los partidos políticos tradicionales a esta sentencia plantea serias implicaciones legales que merecen un análisis profundo.
En primer lugar, el desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional puede acarrear consecuencias jurídicas severas. La Constitución dominicana establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE). Ignorar esta sentencia no solo compromete la legitimidad del proceso electoral, sino que también podría resultar en sanciones legales para aquellos funcionarios que se nieguen a acatarla. Esto podría incluir inhabilitaciones o acciones disciplinarias por parte de organismos competentes.
Además, el incumplimiento de la sentencia podría generar un clima de inestabilidad política y social. La desobediencia a decisiones judiciales pone en riesgo el estado de derecho y puede llevar a protestas y movimientos sociales que demanden el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos. La falta de reconocimiento de las candidaturas independientes podría percibirse como un intento de perpetuar un sistema oligárquico que limita la participación ciudadana en la política.
Por otro lado, es fundamental considerar las repercusiones internacionales que podría tener el desacato. Organismos internacionales y países aliados observan con atención el cumplimiento de los principios democráticos en República Dominicana. Un rechazo abierto a una sentencia del Tribunal Constitucional podría afectar las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional, así como provocar sanciones o críticas por parte de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.
Ante esta situación, es esencial buscar soluciones viables que permitan un equilibrio entre los intereses de los partidos políticos y el cumplimiento de las normativas establecidas por el Tribunal Constitucional. Una posible solución sería fomentar el diálogo entre los partidos políticos y las autoridades judiciales para aclarar los alcances y requisitos relacionados con las candidaturas independientes. Este tipo de diálogo podría resultar en propuestas legislativas que contemplen mecanismos para regular estas candidaturas sin afectar su naturaleza independiente.
Asimismo, es crucial que se realicen campañas educativas dirigidas tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía sobre la importancia del respeto al estado de derecho y a las decisiones judiciales. Fortalecer la cultura democrática implica reconocer que la diversidad política es un pilar fundamental para el desarrollo social y político del país. De esta manera, se puede construir un entorno más inclusivo donde tanto los partidos tradicionales como las candidaturas independientes puedan coexistir y contribuir al bienestar democrático.
En conclusión, el desacato a la sentencia TC 0788-24 no solo implica consecuencias legales para los actores involucrados, sino que también pone en riesgo la estabilidad política del país. Es imperativo que se busquen soluciones consensuadas que permitan respetar el marco legal establecido por el Tribunal Constitucional, promoviendo así una democracia más sólida y representativa en República Dominicana.
Por. Félix Aguilera M.A
