Una demencial cadena de cuestionamiento de los partidos opositores (dos que son uno) nos hace pensar que este podría ser el proceso electoral más engañoso y embaucador de la historia política dominicana.
Comencemos con la presa de Monte Grande, iniciada en el 2010 y terminada en el 2023. La presa tenía originalmente un propósito fundamental: EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES.
Las obras complementarias (riego y energía) nunca formaron parte del contrato inicial.
La presa avanzó hasta un 40% en 10 años (2010-2020) y el gobierno actual la terminó en tres años y medio. Su costo se duplicó de unos 320 millones de dólares a 620 millones. Para ejecutar el 60% de la obra entre 2020-2023 se gastó menos dinero que para el 40% ejecutado entre el 2010-2020. Eso requiere una auditoría del porqué esos costos se dispararon.
Lo grande del caso es que la obra inicial solo contemplaba la construcción del embalse de la presa, sin obras complementarias que ahora se están licitando.
El presidente Abinader inauguró la presa el 26 de enero pasado, pero la oposición, en un frenesí de locura, levantó su voz indignada diciendo que Monte Grande no estaba terminada. ¿DEMENCIA, DESVARÍO, DESESPERACIÓN?
La obra, que se contrató hace 14 años, se terminó como estaba previsto y lo justo era inaugurarla por el gobierno que más invirtió en ella.
Además, la presa no generará mucha energía. Apenas unos 15 o 20 megawatt, aunque con los canales de riego podría irrigar un área de 300 mil tareas. Eso podría tomar otros 3 años y una inversión de unos 150 millones de dólares, que le tocará a este gobierno ejecutarlas.
OTRO CASO DEMENCIAL. Todos los partidos aprueban la Ley de la DNI. Inclusive, hay legisladores de la oposición que reclamaban su rápida aprobación. Fueron sus mayores defensores.
Pero ahora resulta que esos partidos de la oposición se oponen a la ley y la impugnan ante el Tribunal Constitucional para hacerse los graciosos con los medios de comunicación, que han cuestionado la ley por atentar contra la libertad de prensa y el derecho a proteger sus fuentes de información.
Esos partidos políticos no tienen calidad moral para cuestionar esa ley porque la apoyaron y la aprobaron a unanimidad. Los que tienen esos derechos son los periodistas a través de sus organizaciones y los dueños de diarios. Y lo más recomendable es revisarla y modificarlas para evitar cualquier transgresión a la libertad de prensa.
La oposición no atina en nada y se la pasa con estribillos ridículos creyendo que en este país todos somos analfabetos. Viven en el pasado y se alimentan de los incautos que aun le creen después de llevar al país durante 16 años a convertirse en el más corrupto y menos transparente del mundo.
