El Tribunal Supremo de India avaló ayer lunes la decisión del gobierno del primer ministro Narendra Modi de derogar la semiautonomía de Cachemira, foco de una insurgencia separatista desde hace décadas.
La decisión de 2019, que permitió a Nueva Delhi administrar directamente esta región de Jammu y Cachemira, de mayoría musulmana, representó “una culminación del proceso de integración y, como tal, un ejercicio válido del poder”, afirmó el máximo tribunal del país.
El primer ministro Modi aplaudió la decisión que calificó de “histórica”.
Es “un rayo de esperanza, la promesa de un futuro mejor y un testimonio de nuestra determinación colectiva de construir una India más fuerte y unida”, afirmó el dirigente nacionalista hindú en la red social X.
ORGANIZACIÓN DE COMICIOS
El tribunal ordenó también la organización de elecciones en Jammu y Cachemira el próximo año.
La revocación de la limitada autonomía de Cachemira, disputada con Pakistán y foco de una insurrección separatista desde hace décadas, estuvo acompañada de arrestos masivos y un aumento del control directo de Nueva Delhi.
El Ministro de Relaciones Exteriores paquistaní, Jalil Abbas Jilani, consideró que la decisión del Tribunal Supremo indio es una “parodia de la justicia”.
“India no tiene derecho a tomar decisiones unilaterales sobre el estatus de este territorio en disputa en contra de los deseos de Cachemira y Pakistán”, dijo a los periodistas en Islamabad.
Las políticas de mano dura de Modi han sido muy controvertidas en Cachemira, pero han sido ampliamente celebradas en toda India.
La insurgencia, que dejó decenas de miles de muertos durante décadas, ha disminuido en gran medida.
– Decisión clave para el partido nacionalista –
Desde la suspensión del artículo 370 en 2019, que consagraba el estatuto especial de la disputada región, las autoridades indias limitaron drásticamente las libertades civiles de la población, restringiendo por ejemplo la libertad de prensa y las manifestaciones públicas.
Los cambios también permitieron a indios de otras regiones comprar tierras, aplicar a puestos gubernamentales o pedir becas de estudio en Cachemira.
Los defensores de derechos humanos denunciaron esa política como un “colonialismo de asentamiento”.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, las autoridades desplegaron cientos de soldados, tropas paramilitares y policías en la ciudad principal de Srinagar para contener las protestas.
Kapil Sibal, uno de los abogados que luchó para que la revocación fuese declarada inconstitucional, dijo en X (antes Twitter) que la acción judicial buscaba asegurarse de que “la historia registre los hechos incómodos para que las generaciones puedan conocerlas”.
La supresión del artículo 370 era un elemento clave del programa del partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP) desde su creación. La decisión de máximo tribunal se produce además antes de las elecciones del próximo año.
La región de Cachemira está dividida entre India y Pakistán. Ambos reclaman la soberanía de todo ese territorio del Himalaya desde su independencia en 1947.
Cachemira ha sido la causa de dos de las tres guerras que los han enfrentado desde entonces.
La parte administrada por India ha sido escenario de más de tres décadas de disturbios, con decenas de miles de muertos.
Delhi acusa a Pakistán de apoyar a los separatistas, lo que Islamabad niega.
En la parte india de Cachemira, la insurrección separatista ha sido aplastada en gran medida desde 2019, aunque el movimiento sigue atrayendo a algunos jóvenes.
Más de medio millón de soldados indios están desplegados en el territorio para controlar la insurgencia, que estalló en 1989.
En 2023 murieron algo más de 120 personas en la región, dos tercios de ellas insurgentes.
