Agencia AP SAN SALVADOR

Con un trámite de reforma constitucional simplificado, el Congreso de El Salvador cristalizó el miércoles la promesa del presidente, Nayib Bukele, de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos para sus campañas electorales, en una medida que fue cuestionada por algunos sectores de la sociedad civil.

Con el voto favorable de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral —dominado ampliamente por las fuerzas políticas afines a Bukele— se suprimió el artículo 210 de la Carta Magna que establecía un financiamiento público para los partidos políticos “encaminado a promover su libertad e independencia”. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, dividieron sus votos —uno a favor y el otro en contra— mientras que la diputada del conservador partido VAMOS, también opositor, se abstuvo.

La medida legislativa pasará ahora al Poder Ejecutivo, para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.

Bukele pidió recientemente a los diputados eliminar ese artículo de la Constitución. “Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó Bukele en la red social X.

El mandatario arremetió asimismo contra la dirección de Arena, que gobernó el país por 20 años (1989 a 2009), luego de que la alianza opositora publicó un comunicado de prensa pidiendo a los diputados “votar a favor de mantener la deuda política”.

El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben en cada elección y la inflación. El precio lo establece la cartera de Hacienda.

“La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”, advirtió Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana. “La reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario, ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral”.

“Deja a los partidos a merced de los financistas privados, quienes podrían incidir en las políticas de estos durante el ejercicio del poder o solicitar favores a cambio de dicho financiamiento”, acotó Escobar en declaraciones a The Associated Press.

La abogada y analista Bessy Ríos calificó la decisión como “una posición bastante hipócrita, cómoda y electorera” y afirmó que “es populismo crudo y duro, ya que no se tiene un sistema de estructura institucional y legal que permita controlar a los partidos”.

Según un informe de Acción Ciudadana, los partidos políticos salvadoreños recibieron al menos 160,4 millones de dólares en financiamiento público y privado entre 2014 y 2023.

El informe de la ONG detalla que 75,6 millones de dólares correspondieron a financiamiento público entregado por el Ministerio de Hacienda, mientras que 84,7 millones a financiamiento privado, o sea, donaciones de personas naturales o jurídicas.

En la misma sesión plenaria, el Congreso aprobó que los menores de edad condenados por delitos relacionados con el crimen organizado puedan cumplir sus penas en las mismas cárceles que los adultos, aunque en áreas separadas.

La medida se aplicaría a los menores que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas, según la reforma penal. Una vez cumplan los 18 años, deberán someterse al régimen general de adultos.

El gobierno no proporciona regularmente información sobre el número de menores encarcelados o en prisión preventiva. Desde el 22 de marzo de 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción para combatir las pandillas, las autoridades dicen haber capturado a más de 84.000 personas acusadas de pertenecer a estos grupos criminales o de colaborar con ellos. Bukele apuntó que más de 8.000 inocentes han sido liberados.

El Congreso también reformó la Ley de Crimen Organizado con el objetivo de limitar el acceso a figuras que pretendan sustituir la ejecución de las penas impuestas por delitos mayores como homicidios, secuestro y tráfico de armas.

En la práctica, esto elimina la posibilidad que los condenados por delitos de crimen organizado reciban los beneficios de libertad condicional y libertad condicional anticipada.