Desde el Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana hasta la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Herrera (Coop-Herrera) marcharon este miércoles los ahorrantes de la entidad financiera en reclamo de sus ahorros.
“Somos Coop-Herrera, queremos nuestro dinero” vociferaban los ahorrantes, a casi dos años del presunto fraude de unos RD$2,500 millones por parte de los directivos de la cooperativa.
“Nosotros estamos con un propósito aquí. A la cooperativa le está entrando dinero, a los que tienen préstamos le están pagando y a nosotros no se nos informa qué hacen con ese dinero. Los bienes incautados, ¿qué han hecho con ellos? A nosotros no nos informan y el dinero es nuestro. Nosotros no tenemos defensores”, expresó Alba Valdez, una ahorrante.
Los socios de la cooperativa denunciaron que no reciben respuestas por parte de la nueva administración, que les colocan cita que se extienden por tres meses, los dirigen al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y luego no son recibidos.
“A la hora cero se arma el lío y nos dejan en el aire. Idecoop se ha ido; Franco debe de estar dando información; Franco debería estar con los que están presos allí. Nosotros nada más teníamos valor cuando veníamos a traer cuarto”, expresó Gregorio Ramírez Roja, socio de la cooperativa.
La situación
En el año 2023, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) intervino la cooperativa por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y de gobernabilidad.
Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
Además de Jorge Eligio Méndez, fueron arrestados varios directivos como la actual presidenta del consejo de administración de Coop-Herrera, Kenia del Carmen Liriano Pérez; Gabriel Santana Borsilea, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, acusados de fraude por unos RD$2,500 millones.
La investigación duró varios meses y se realizó bajo el nombre de Operación Búho, de acuerdo a una nota de prensa de la Procuraduría General de la República.
Las imputaciones incluían los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos, según el órgano persecutor.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
