El tema de la movilidad y seguridad vial en República Dominicana se ha convertido en una prioridad como política pública y ante la complejidad del problema y limitaciones de recursos se impone un compromiso de nación donde todos los sectores aporten en su solución, estableciendo las prioridades pertinentes.
Así lo entienden los doctores Amado Alejandro Báez, profesor, egresado distinguido e Investigador de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y Ramón Leonel Ureña, especialista en Medicina Familiar, quienes entienden que el contexto de seguridad vial no solo debe enfocarse como una problemática independiente, sino como un componente multifactorial y multisectorial integrado de muchas agendas.
De ahí, agregan, la participación de múltiples actores, políticos, económicos, sociales y ambientales para su implementación, lo que obliga a un compromiso del gobierno, sector privado, medios de comunicación, las academias o universidades, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de choferes, compañía de transporte público, privado y de carga, gremios del sector salud.
Otras partes
Entran además, agregaron los especialistas, otras partes interesadas en la priorización e implementación de políticas públicas que posicionan a la seguridad vial como motor clave del desarrollo sostenible.
Los expertos de la UNPHU hacen los señalamientos como parte de las discusiones tendientes a buscar soluciones a corto plazo a la problemática del tránsito y la movilidad que afecta diferentes ciudades del país, sobre todo el Gran Santo Domingo, que es el tema central del Foro sobre Seguridad Urbana que se realizará en el país el 16 de este mes, como una iniciativa propuesta por Listín Diario.
Estrategias de consenso
También indicaron que la multiplicidad de actores, cada uno con recursos y capacidades e intereses muy particulares obliga al consenso a la hora de elaborar estrategias para lograr impactar los estragos que la siniestralidad vial produce en la República Dominicana.
Dentro de esos estragos citan, la alta mortalidad y lesiones en personas jóvenes; congestión vehicular en las vías públicas; gastos desmedidos en la asistencia que presta el sistema de salud (del 3 al 5% del PIB); pobre gestión de ejecución de las agencias responsables de la seguridad vial, tránsito y movilidad y el daño al medioambiente producto de la emisión de gases de efecto invernadero.
Retos que afrontar para aportar soluciones
Los doctores Báez y Ureña dijeron que en el tema de seguridad vial el gobierno y la sociedad tienen muchos retos que afrontar, ya que son múltiples las situaciones que generan conflictos en el tránsito, la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.
Citaron dentro de las principales y constantes fuentes de disgustos y enfrentamientos, el aumento del parque vehicular sin control ni criterios con 300 mil unidades cada año (6% anual) que agrava el congestionamiento de las vías públicas, cada vez más limitadas y estrechas, provocando fuerte en taponamientos, retrasos y mucha irritación entre los transeúntes causas frecuentes de protestas y violencia física y verbal.
También, el transporte público deficiente, basada en carros livianos que dificultan y limitan el transporte de la población hacia centros de trabajo o estudios; falta de fiscalización para el cumplimiento de las normas de tránsito, provocando fricciones entre las autoridades y los ciudadanos y los usuarios vulnerables de las vías públicas (motociclistas, peatones y ciclistas) totalmente desprotegidos, presentando una alta mortalidad o lesiones.
Otras de las dificultades a enfrentar, señalan, es la baja calidad en las respuestas a la asistencia médica en caso de accidentes en calles y carreteras y gestión deficiente de las agencias encargadas de la seguridad vial a nivel nacional y local, incluidos temas como el medio ambiente y género.
Posibles soluciones
Indican que dentro de las medidas a corto, mediano y largo plazo dirigidas a ir solucionando la problemática, se plantean temas como la masificación y colectivización del transporte en inversiones para desarrollar rutas de autobús, tranvías, metros, teleféricos se plantean como solución y la elaboración de políticas públicas para la protección de los usuarios más vulnerables de las vías públicas (Plan de Motociclistas, Plan para Peatones, entre otros).
También, reglamentaciones para vehículos y carreteras cada vez más seguras; una policía de tránsito (DIGESSETT),cada vez más capacitada y equipada; planes de educación vial y una respuesta rápida ante la ocurrencia de siniestros viales en las carreteras .
