Andrés Vander Horst Alvarez
Santo Domingo, RD
Al concluir, recientemente la discusión y aprobación de la Ley de Fideicomisos Públicos en la Cámara de Diputados, para luego ser ratificada en el Senado de la República, urge reflexionar sobre el nivel de desconfianza que existe en la sociedad dominicana y lo rápido que se politiza un tema cualquiera, en detrimento de la oportunidad de elevar las capacidades nacionales, de ciudadanos e instituciones.
En primer lugar, queda demostrado que, a pesar de sus más de 10 años de existencia, la figura del Fideicomiso sigue siendo ampliamente desconocida. Más aún, una figura concebida para la generación de confianza, en nuestro país se ha erigido como un vehículo opaco para la defraudación.
Satanizar a los fideicomisos –especialmente a los fideicomisos públicos- es como sugerir que las sociedades comerciales son instrumentos perversos o dados a las malas artes. Generalización absurda porque la gente sabe que las sociedades comerciales son esquemas legales para organizar emprendimientos y recursos dedicados a un fin específico.
Lo mismo aplica a los menos conocidos fideicomisos, que son otra forma de organizar actividades productivas. Un fideicomiso es un medio legal neutral– no es ni bueno ni malo en sí mismo, todo va a depender de cómo se estructure y se use.
De igual manera una de las tantas formas de desconocer la relevancia del Fideicomiso Público, ha sido presentar ante la opinión pública la idea de que dicha figura no existe ni es utilizada en países desarrollados, resaltando ejemplos de países anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido. Dicho planteamiento deja de lado la eminente realidad de que el fideicomiso nace en Latinoamérica con fuertes influencias del “trust anglosajón”, este último el cual ha fungido como vehículo para la consecución de importantes iniciativas gubernamentales y privadas de manera transparente y eficiente. Al igual que en diversos países de América Latina y Europa, el Trust ha garantizado la gestión y el financiamiento exitoso de proyectos y programas trascendentales para las sociedades en las que se desarrolla.
Tales ejemplos los podemos ver en iniciativas como: (i) The Highway Trust Fund, un trust estadounidense que proporciona una fuente más confiable de financiamiento al gobierno federal frente a la banca tradicional, captando los fondos producto de los impuestos a los combustibles para vehículos de motor, destinando estos a la construcción y mantenimiento del sistema de carreteras interestatales. (ii) Medicare, este trust promulgado en su momento por el presidente Lyndon B. Johnson, para proporcionar seguro médico a personas de 65 años o más.
Es financiado el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario (HI) y el Fondo Fiduciario del Seguro Médico Complementario (SMI). Tan solo en el año en el año fiscal 2022, el programa Medicare costeo US$767MM, es decir, más o menos el 13% del gasto total del gobierno federal. (iii) English Heritage Trust, trust benéfico estructurado por el Gobierno Británico que administra la Colección del Patrimonio Nacional de más de 400 propiedades y lugares históricos propiedad del estado, inspirada por la determinación de poner el patrimonio de Inglaterra por delante del interés privado. Su patrimonio administrado, fuera de las propiedades cedidas, asciende a £80MM.
Con esto podemos concluir que la figura ha logrado materializar éxitos y suplir de manera eficiente necesidades sociales y económicas en países cuyos niveles de desarrollo son una quimera para nosotros que aún nos encontramos en vía de desarrollo.
Por otro lado, a nivel nacional al cierre de septiembre de 2022 había casi 1,128 fideicomisos inscritos en el registro de la Superintendencia de Bancos; casi 19 veces la cantidad inscrita al cerrar el 2014. Esto demuestra que son utilizados cada vez más por los empresarios privados, para construir y para organizar proyectos financieros.
Sin caer en la confusión o falacia de que los fideicomisos ponen en manos del sector privado bienes o activos del sector público, cabe preguntar por qué una administración que merece confianza al sector privado, por su capacidad de ejecutar mandatos con transparencia, no debe ser usada por el sector público cuando este busca idéntico objetivo en la gestión de un recurso dado.
Pero más aún, como es que se ha desatado con tal virulencia la oposición a una ley que no va a crear los fideicomisos públicos, sino a mejorar su regulación, pues desde el año 2016 existen y aun funcionan varios fideicomisos públicos.
De hecho, al 30 de septiembre de 2022 había al menos 20 fideicomisos de administración pública que han servido para organizar importantes proyectos como: carreteras, construcciones de viviendas populares, planes de transporte público masivo, -e incluso la planificación del desarrollo de Pedernales, una provincia de enorme potencial del país e históricamente olvidada.
Algunos cuestionan por qué el Estado tendría que recurrir a los fideicomisos públicos, siendo todopoderoso y capaz de realizar todas las funciones e inversiones públicas sin mayor apoyo. Sin entrar en el debate de la ineficacia histórica del Estado dominicano, que ahora proyectamos como gran administrador, no puede sorprender ni escandalizar que, para concretar un objetivo específico, el Estado requiera asignar y separar recursos, sobre todo para resguardar tales proyectos del ciclo político y la burocracia.
Un ejemplo de un buen uso de la figura del Fideicomiso Público, es el Fideicomiso Pro-Pedernales, el cual ha servido como un patrimonio autónomo donde el Estado Dominicano en calidad de Fideicomitente, podrá valorar todo los aportes que ha realizado para el desarrollo de la infraestructura básica que potenciará este polo turístico. Dejando en mejores condiciones al Estado ante cualquier tipo de negociación que se realice con el sector privado, por la disponibilidad de un inventario certero de todas las inversiones realizadas por el gobierno.
De igual manera el proceso de lotificación y venta de los terrenos para el desarrollo hotelero por parte del sector privado, podrá ser realizado con una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de un Fideicomiso, contando con estados financieros auditados de todo el flujo financiero de venta dentro del patrimonio autónomo.
Para tan solo mencionar un ejemplo a nivel internacional, uno de los polos turísticos más emblemáticos de Latinoamérica es Cancún, ubicado en el Estado de Quintana Roo, el cual, para el cierre de 2022 según estadísticas de la Secretaría de Turismo Estatal recibió la astronómica cifra de 19 millones de turistas. Una de las claves del éxito de este polo turístico sin lugar a duda ha sido la concentración de los esfuerzos y recursos dentro en un patrimonio separado con la constitución del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo y su Fideicomiso Vinculado de Polo Turístico Cancún.
En esas coyunturas los fideicomisos son ideales porque los recursos son gestionados por empresas profesionales llamadas fiduciarias. Esto no es privatización, sino profesionalización de la administración– que es lo que la mayoría de las grandes empresas del mundo buscan tener: ejecutivos y gerentes capaces, que logren las metas programadas.
Para que sigan creciendo de forma organizada, se requiere que los fideicomisos públicos tengan reglas claras de gobierno, supervisión y funcionamiento.
Sería un revés ahora, con mucho costo a futuro, querer satanizar el fideicomiso público en un momento en que se necesita para organizar proyectos y obras de infraestructura para el beneficio de todos los dominicanos.
