Las organizaciones populares y políticas que planean una manifestación la mañana del domingo desde la Plazoleta La Trinitaria hasta el Parque Independencia de Santo Domingo aclaran que sus demandas no incluyen el tema de la migración irregular de haitianos, contrario a lo atribuido por sectores nacionalistas.
La aclaración viene luego de que varios grupos nacionalistas, incluyendo la Antigua Orden Dominicana, acusaran la manifestación de ser una “prohaitiana”.
“Para todo el que tenga dos dedos de frente es una provocación, pero contra el propósito de esta marcha con los hombres y mujeres de nombres y rostros claros no pudo la dictadura trujillista, no pudo la dictadura de Balaguer, no pudieron los de la banda colorá…”, dijo Virtudes Álvarez, vocera del comité organizador.
Esta concentración, que recibió aprobación del Ministerio de Interior y Policía a través de una resolución de no objeción, lleva por nombre “Gran Marcha por el Agua, la Vida y la Soberanía”, con motivo al 60 aniversario de la Gesta de Abril.
La institución gubernamental les respalda en esa dirección, pues, a raíz del llamado a la marcha, comunicaron que “cualquier manifestación paralela no notificada, con objetivos distintos o que pretenda realizarse en los mismos espacios públicos y horarios, no contará con la anuencia y respaldo protocolar de las fuerzas del orden”.
En tal sentido, la portavoz del comité unitario que conmemora a la revolución mencionó que su agenda busca reclamar el derecho a la soberanía, relacionado con la que califican “agresión imperialista de 1965”, además de la defensa del medioambiente ante las actividades de la compañía minera Barrick Gold.
De manera puntual, Álvarez adelantó que la manifestación busca la reivindicación de “el derecho del pueblo dominicano a la exploración, explotación y disfrute de su riqueza a través de los recursos naturales y mineros, el derecho al agua, la calidad de vida contra la inseguridad ciudadana…”.
Esta congregación fue tachada de concentrar a “organizaciones defensoras de los haitianos ilegales”, un punto desmentido por sus convocantes, aunque la no objeción de Interior y Policía subraya que, según la legislación vigente, “los extranjeros no están autorizados para realizar actividades políticas dentro del territorio nacional, así como actividades que afecten la paz social, la seguridad nacional o el orden público”.