La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez, Ana Cecilia Morun Solano, presentó su renuncia al puesto faltando pocos meses para cumplir su primer año dirigiendo la entidad, tras haber sido designada mediante el decreto 623-21.
Con la renuncia de Morun Solano son dos las presidentas que han pasado por la entidad dedicada a regir el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia durante los casi dos años de gobierno que lleva el presidente de la República, Luis Abinader.
Fue el 21 de octubre del año pasado cuando el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, juramentó a la abogada como la presidenta ejecutiva del Conani, luego de que designaran a Paula Disla como viceministra de relaciones internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Su renuncia es presentada en un momento en que la institución tuvo un percance con uno de los menores a su cargo, quien supuestamente habría burlado la vigilancia del hogar de paso en el que se encontraba desde noviembre de 2021.
En un comunicado publicado el pasado 27 de julio, Conani explicaba que, “sin ánimo de desconocer su responsabilidad por la salida no consentida del adolescente, desea informar que estuvo en contacto con la madre denunciante desde el día 18 de julio, es decir, un día después de haberse producido el incidente”.
La entidad reconoció que no aplicó de forma oportuna los protocolos para abordar las salidas no programadas de los niños, niñas y adolescentes, que incluyen la comunicación inmediata a la familia.
Quién es Ana Cecilia Morun
Antes de llegar a Conani, Ana Cecilia Morun Solano ocupaba puesto dentro de la Procuraduría General de la República.
Morun Sonalo era coordinadora legal del despacho de la procuradora general de la República, puesto que desempeñó desde agosto del pasado año 2020.
Durante 25 años fue abogada asociada del bufete Sabbagh, D’ Alessandro, Henríquez & Asociados.
Es especialista en Filosofía del Derecho, profesora titular de esta materia y de las cátedras de Criminología y Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se tituló de abogada en 1989.
Es además colaboradora de revistas especializadas, entre ellas la revista penal de la Universidad de Huelva, y es representante del país ante la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC).
