Para el día de hoy, la Asamblea Nacional Revisora, ha sido convocada para conocer en segunda lectura de la propuesta de reforma a la Constitución de la República. Ya, sin consulta popular previa con los diversos sectores de la sociedad dominicana, como se hizo en el año 2010, la mayoría congresual del PRM impuso la modificación de nueve artículos a nuestra Carta Sustantiva.
Se trata de los artículos que se refieren a la reducción del número de diputados, de la unificación de las elecciones, de la designación del Procurador General de la República, de su eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura y sustitución o reemplazo por el presidente del Tribunal Constitucional, así como la reiteración de la prohibición de un tercer mandato presidencial.
El impacto ante la opinión pública de dicho proyecto de Reforma Constitucional ha sido prácticamente nulo. El pueblo no lo ha seguido. Los partidos de oposición la han rechazado. Carece de consenso. Numerosos juristas de prestigio han manifestado el criterio de que se trata de una reforma innecesaria, que no dispone de legitimidad y no logra concitar el interés nacional. Pero, casi de manera simultánea, el gobierno ha introducido un proyecto de ley que denomina como de modernización fiscal. Tampoco, en este caso, ha convocado a un diálogo nacional con los distintos sectores económicos y sociales del país, a los fines de conocer sus sensibilidades y disponer de una verdadera herramienta legal, considerada en la ley sobre estrategia nacional de desarrollo 2030, como necesaria, para garantizar el progreso y la prosperidad de la sociedad dominicana.
Extraña
modernización
No se ha entendido bien por qué se denomina de modernización fiscal. En principio, aparece como una especie de eufemismo que procura ocultar su verdadera esencia: que el pueblo pague más impuestos por una diversidad de bienes y servicios que anteriormente estaban exentos.
¿Por qué podría ser considerado como moderno el pagar más caro el consumo de carne de res o de cerdo? ¿Por qué estimar como moderno que la habichuela, el pescado, y el guineo tendrán un 18% de valor superior a lo que hasta ahora han tenido?
¿A quién se le ocurre pensar que gravar el precio de los libros, los bolígrafos, los lápices, los cuadernos, las tizas y las pizarras puede significar modernización?
Ese proyecto, más que una reforma podría considerarse como la contrarreforma que enfrento a Martin Lutero, luego del cisma eclesiástico. Aquí, sin llegar tan lejos, lo que ya existe, sin embargo, es una gran frustración nacional, mucha ansiedad y enorme desilusión. Más que un proyecto de modernización fiscal, lo que la sociedad percibe de las propuestas de aumento de impuestos, es una especie de bombazo fiscal. Este viene a dinamitar la economía, destruir empresas e industrias nacientes, como el cine, así como arrasar con los empleos, los hogares, y los sueños de un mejor futuro.
Lo grave del caso es que, lo que ha hecho necesaria, urgente, una reforma fiscal integral, ha sido precisamente la política de despilfarro y de endeudamiento desbordado que ha tenido el gobierno del PRM durante los últimos cuatro años.
Desde el 2020 a la actualidad, el gobierno del presidente Abinader ha aumentado la deuda a niveles que habían requerido, con anterioridad, 42 años, como ocurrió entre 1970 al 2012. Incrementó la nómina pública en cerca de 100 mil nuevos empleados. Aumentó, en forma excesiva, el gasto en publicidad; y repartió tarjetas Supérate, así como pensiones solidarias y especiales con fines estrictamente reeleccionistas.
No debió haber sido así. Durante su primer período, el gobierno del PRM obtuvo ingresos por encima de los cuatro billones de pesos, o lo que es lo mismo, 4 millones de millones de pesos, lo que verdaderamente no tiene antecedentes en la historia de las finanzas públicas de la República Dominicana.
A pesar de eso, el gobierno ahora le pide sacrificios al pueblo dominicano, sobre todo a los sectores más vulnerables y a la clase media, para que, de sus magros recursos, pague los desatinos administrativos de la actual gestión del PRM.
Reforma laboral
sin cesantía
No bien ha terminado la innecesaria y caprichosa Reforma Constitucional, ni avanzado en su discusión el bombazo fiscal, cuando el gobierno, en un intento de atiborrar al Congreso Nacional, introduce una ley de modernización y actualización del Código de Trabajo, al tiempo que aspira a una rápida aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2025.
A pesar de las múltiples sesiones del Consejo Consultivo del Trabajo, la Mesa Técnica Jurídica y de reuniones de carácter tripartita, en el ámbito laboral, tanto empresarios como trabajadores, consideran que el depósito de la pieza legislativa por ante el Senado de la República ha sido precipitado.
Se ha avanzado en acuerdos sobre la jornada de trabajo; horas extras; vacaciones; suspensión del contrato de trabajo; trabajo doméstico o de hogar; el teletrabajo; procedimiento laboral y ejecución de sentencias. No obstante, ha faltado consensuar con relación a un aspecto que se estima fundamental en la reforma laboral: el pago de la cesantía.
De manera inmediata, varias asociaciones empresariales expresaron lo inoportuno e imprudente que resulta el hecho de que el Congreso Nacional fuese apoderado de una reforma al Código de Trabajo, en momentos en que se encuentra aun debatiendo, tanto la Reforma Constitucional como la ley de modernización fiscal.
Es posible que el objetivo estratégico del gobierno del PRM haya sido el de precipitar el conocimiento y aprobación de sus proyectos de reforma lo más pronto posible, para de esa forma superar las turbulencias de la actualidad.
Eso mismo pretendió hacer el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez al inicio de su segundo mandato. Prefirió la rapidez al consenso. De ahí surgió el Caracazo, cambiando para siempre el destino de su país.
No olvidemos la lección. El menú de reformas es a la carta, pero seleccionemos cada plato de manera individual. Todos juntos pudieran causar indigestión.
