La prensa de Monte Grande, nacida como un proyecto para desarrollar la región suroeste y poner a producir más de 700,000 tareas, se ha convertido asunto causante de desesperación y sufrimiento para 560 familias de las provincias Azua y Barahona.

Estos dominicanos cedieron sus tierras para la construcción del embalse de la presa Monte Grande, pero hoy siguen esperando su reubicación, como les fue prometido.

Y este ha sido, sin dudas uno de los problemas que ha generado la construcción de este proyecto.

A cambio de sus tierras, a muchas de estas familias les prometieron llevarlos a otros predios y darles recursos para iniciar una nueva vida.

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Las comunidades desplazadas han enfrentado una serie de problemas que van desde la falta de infraestructura adecuada en el nuevo asentamiento, hasta la escasez de servicios básicos como los alimentos para sustentarse cada día.

A pesar de que se firmaron acuerdos y se hicieron compromisos por parte del gobierno central, la implementación ha sido deficiente.

Según Manuel Antonio Pérez, líder comunitario muchas familias han tenido que abandonar sus hogares porque ya no tienen de que vivir.   

Su lema ha sido esperar respuesta para recibir las compensaciones prometidas, provocando una situación de vulnerabilidad.

Esto ha generado un profundo sentido de desconfianza hacia las autoridades, que prometieron un futuro mejor y terminaron dejando a estas comunidades en el olvido

Manuel Antonio Pérez, líder comunitario, dijo que 560 familias que fueron desalojadas para la construcción de la presa, que pertenecen a las comunidades de Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo, no tienen donde cultivar porque están anegados de agua y no tienen tierra para producir productos agrícolas.

De esas familias, solo 390 fueron reubicadas en casas, pero no le han cumplido con el asentamiento de sus tierras.

“Viven en casa muy bonita, amueblada con electricidad, aceras, calles y contenes, pero no tienen medio de vida para producir y llevar comida a sus hogares”, citó Pérez.

Pérez afirmó que hay 10 tareas que las autoridades tienen cuatro años anunciando la construcción de un canal y la habilitación de los terrenos para ponerlos a producir.  

Asimismo, Santo Esteban, presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la presa de Monte Grande, contó a Listín Diario que el gobierno central le había prometido casa y tierra a los moradores de esos municipios que fueron desalojados, pero que solo cumplieron con la mitad de las casas y todavía no le han cumplido con las tierras.

En una visita al Listín Diario, Esteban comentó que Hato Nuevo, Manzanillo y Boca de la Mula fueron también municipios afectados por esta construcción y agregó que a las autoridades no se les ve el interés de buscarle solución a ese problema.

Del mismo modo, añadió que sin avisarles a los agricultores en noviembre de 2023 las autoridades en horas la madrugada entraron maquinarias en 800 tareas de plátanos los que según Esteban estaban de corte y que lo hicieron sin consentimiento.

“Y todavía a esa gente no se le ha dicho nada, es un abuso lo que han hecho con nosotros”, dijo el líder comunitario.  

Sin palabras.

Santo Esteban, presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la presa de Monte Grande, dijo que “todavía a esa gente no se le ha dicho nada”.

Afirma que el director del Indhri), Olmedo Caba Romero, tiene más de 10 meses que no va a la provincia “a dar la cara”.

Leonardo Mercedes, vocero de la Coalición Enriquillo, aseveró que el compromiso que hizo el Estado en la última reunión que sostuvieron el pasado 24 de abril del año en curso no se le ha cumplido.