AGENCIA AP

Quito, Ecuador

El ministerio público de Ecuador pidió el jueves a la justicia prisión para 13 de los 14 jueces, exjueces, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio y policías acusados de corrupción y de la liberación irregular de peligrosos criminales mediante el abuso del derecho.

En su cuenta de X, antes Twitter, esa institución señaló que también había solicitado medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para la última acusada, debido a que está embarazada.

Los sospechosos fueron acusados de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias debido a que interponían recursos ante jueces de pequeñas poblaciones exigiendo garantías constitucionales o argumentando violación de derechos para lograr la liberación irregular de peligrosos jefes criminales o responsables de emblemáticos casos de corrupción.

La fiscal general, Diana Salazar, había dicho en X que “abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia” y acotó que “tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar”.

Las 14 personas fueron detenidas tras 25 allanamientos ejecutados en las provincias de El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la fiscalía recogió indicios como computadoras, documentos y otros elementos.

A fines del año pasado la fiscalía destapó un caso que revelaba una importante penetración del narcotráfico en la justicia, policía, política e incluso en es institución, en el cual están acusadas 52 personas.

TELÉFONOS Y MENSAJES

La investigación se originó luego de que el ministerio público incautó teléfonos celulares y logró acceder a los mensajes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 en una prisión, en cuyos mensajes quedaron en evidencia tales vínculos.

La fiscalía también investiga y ha revelado los principales casos de corrupción de los últimos años, especialmente en los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa (2007-2017), Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), con algunos de sus principales funcionarios en prisión o fugados del país.

En paralelo, otra operación policial contra extorsionadores en cinco provincias dejó 56 detenidos en 72 allanamientos. Tres de ellos fueron acusados de liderar redes de extorsión y uno tenía una colección de relojes Rolex.

En rueda de prensa, el general Freddy Sarzosa, director de investigación de la policía, aseguró que la modalidad virtual de extorsiones “ha tenido un incremento del 50 % en el total nacional” y destacó que para combatir y reducir los delitos de secuestro y extorsión, la policía ha puesto en acción una fuerza de investigación que, según dice, ha tenido una efectividad del 91% en cuanto a los casos de secuestro y del 62% en casos de extorsión.

Añadió que los agentes han detectado 40 personas que han presentado denuncias de extorsión y amenaza de secuestro, patrocinados por un mismo abogado, para obtener un documento que los califique más adelante para un eventual proceso de asilo o ingreso a otros países. No dio más detalles.

Entre enero y el 20 de marzo de 2024, la policía reportó 1.697 extorsiones y 335 secuestros en todo el país.