En la mañana de este lunes, organizaciones cívicas, sociales y comunitarias se reunieron en las afueras del Tribunal Constitucional de la República tras depositar una instancia mediante la cual solicitan al organismo emitir una sentencia interpretativa y preventiva frente al proyecto de ley que pretende derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
Mario Díaz, quien tiene intenciones de ser precandidato presidencial independiente, presentó el documento junto al doctor Fredermido Ferreras Díaz, aspirante independiente a senador por la provincia Santo Domingo, mientras les acompañaron los abogados Ricardo E. Díaz Guzmán y Francisco López.
“Este es un proyecto de ley que violenta la Constitución, violenta los derechos fundamentales y además violenta una sentencia del Tribunal Constitucional, y enfrenta a los poderes del Estado”, expresó Díaz expectante a que la decisión proveniente del organismo establezca el orden.
Dicha acción señala que el referido proyecto legislativo, tras ser sometido por el senador Rogelio Genao y aprobado en primera lectura por el Senado, procura eliminar del sistema electoral dominicano la figura de las candidaturas independientes. Esto, según los reclamantes, constituiría una violación directa a la Constitución y al precedente fijado por la sentencia TC/0788/24 del propio órgano supremo.
Según los accionantes, dicha sentencia, emitida en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la legislación electoral 20-23, estableció que los artículos 156 y 157 de la ley electoral debían ser reinterpretados y redactados nuevamente conforme a la Constitución, reconociendo la posibilidad de postulación de candidaturas independientes a nivel presidencial, congresual y municipal mediante agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
“¿Nosotros no tenemos derecho a ser elegidos como ellos? ¿Ellos son más ciudadanos que todos los dominicanos y que nosotros? No. En ese criterio, la Constitución de la República le da facultad al Tribunal Constitucional en el artículo 185.2 y 47 de la ley de procedimientos constitucionales 137-11 para de manera preventiva conocer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales”, sostuvo Fredermido Ferreras Díaz.
Las organizaciones firmantes sostienen que este proyecto legislativo supone una violación al precedente constitucional y al principio de supremacía de la Constitución, ya que, en lugar de adecuar la legislación conforme a lo ordenado por la sentencia TC/0788/24, procura derogar totalmente las disposiciones que reconocen las candidaturas independientes.
Con el fin de evitar una eventual violación a la cosa juzgada constitucional y a los derechos fundamentales de ciudadanía, la acción depositada por los organismos solicita al TC emitir una sentencia interpretativa preventiva, conforme a las facultades establecidas en el artículo 47 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Algunas de las organizaciones que respaldan la acción
• Organizaciones Cívicas y Sociales de Personas Progresistas (ORCISOPRO)
• Organizaciones Populares Cívicas y Sociales del Municipio Santo Domingo Oeste (ORPOCISOCONSC)
• Observatorio Jurídico de Persecución a la Corrupción Administrativa (OBJUPERCA)
• Foro Nacional de los Derechos Humanos
• Movimiento Nacional Reeleccionista La Expansión
• Asociación de Sanos Consumidores de la Provincia de Santo Domingo (ASACONSANDOM)
• Federación de Mujeres Envejecientes de San Isidro, Inc.
Objetivo
Los querellantes buscan que la institución declare la nulidad del proyecto legislativo, pues consideran que vulnera los derechos fundamentales de elección, así como el precedente constitucional previamente establecido por el mismo.
La instancia fue dirigida al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Junta Central Electoral y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, por su vinculación institucional con el proceso legislativo y la aplicación de la normativa electoral.
Mario Díaz señaló que el objetivo de esta acción es defender el orden constitucional, el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y la participación política de los ciudadanos fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, destacando que las candidaturas independientes constituyen un derecho democrático que forma parte del sistema constitucional del país.
