El Ministerio Público depositó este jueves la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto, que ha provocado la muerte de al menos 37 personas.
La medida fue depositada en contra del propietario de Vidal Plast, Edward Vidal, su esposa Maribel Sandoval y la hija de ambos, contra quienes las autoridades solicitan un año de prisión preventiva como medida de coerción además de que el caso sea declarado complejo. De igual forma, la medida fue depositada en contra de la empresa; la familia se encuentra detenida en un destacamento de San Cristóbal.
De acuerdo al informe dado por las autoridades, esta empresa, que se dedicaba al reciclaje, tenía en sus instalaciones gases acumulados y materiales inflamables, los cuales combinados con chispas, ignición, calor o fricción pudieron generar la activación.
Como consecuencia de esta explosión, según el Ministerio Público, fallecieron al menos 37 personas y se registraron 60 heridos; además de “daños materiales que aún no se han calculado”.
