AGENCIA AP
Buenos Aires, Argentina
En un claro desafío al nuevo protocolo de seguridad del gobierno de Argentina que prohíbe los cortes de calles, miles de personas convocadas por organizaciones políticas y sociales izquierdistas se manifestaron ayer miércoles en Buenos Aires en la primera protesta contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
Manifestantes y efectivos de seguridad se trenzaron en un breve choque a golpes de puño y empujones en una avenida capitalina donde los primeros se habían congregado para iniciar su marcha hacia la Plaza de Mayo, destino final de la movilización.
Una columna encabezada por dirigentes políticos de izquierda ocupó esa y otra vía cercana mientras sus integrantes gritaban “la calle es nuestra la p… que te parió” y consignas contra el gobierno. A la vez sostenían sus pancartas en contra del ajuste con el que Milei pretende reducir drásticamente el déficit fiscal.
La policía intentaba reducir el espacio por el cual podían avanzar.
Mientras tanto, Milei monitoreaba la situación desde el departamento de la Policía, acompañado de varios funcionarios de su gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido previamente que el gobierno estaba decidido a impedir los piquetes en la vía pública, aunque también acotó que éste es el primer día de prueba del nuevo protocolo.
“Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas… Pero las calles no se cortan. Hoy comienza (el protocolo). No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que comienza un camino que es sin vuelta atrás”, aseveró la funcionaria al canal de cable Todo Noticias sobre la prueba de fuego que enfrenta el flamante presidente Milei, un economista de ultraderecha que lidera el partido La Libertad Avanza y llegó a la política hace tan solo dos años.
REPUDIO DEL PLAN DE AJUSTE
A 10 días de jurar la presidencia, su plan de ajuste para atajar la inflación de más de 161% anual y enderezar la economía ha sido repudiado por políticos opositores, sindicatos, dirigentes humanitarios y organizaciones sociales que agrupan a desempleados y trabajadores precarios.
El plan incluye una devaluación del peso de más del 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el subsiguiente aumento de las tarifas.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) —uno de los principales convocantes a la marcha—, afirmó a su llegada a la Plaza de Mayo que los manifestantes se toparon con “un dispositivo represivo enorme”.
“Vinieron armados hasta los dientes, les pegaron a los periodistas, a manifestantes, pero logramos quebrar ese cerco represivo”, sostuvo indignado.
El dirigente del Polo Obrero afirmó que los participantes en la protesta avanzarán por las calles. “Es por donde se moviliza la gente en todos los lugares del mundo… ¿Por dónde vamos a meter 50.000 personas?”.
Manifestantes sostenían carteles de protesta en contra del ajuste que rezaban “los números tienen que cerrar con la gente adentro”.
La jubilada Marta Martínez, que se encontraba situada en una vereda, dijo que venía a la marcha a defender sus derechos “que hoy son totalmente pisoteados”. “Vengo a defender los derechos de niños y abuelos, aquellos que lo necesiten, en contra de todos los que nos están saqueando, que son los mismos que nos saquearon previamente”.
“Este protocolo es una vergüenza….yo no tengo miedo; tengo 70 años. Sé que me corresponde y es mi deber porque a mis hijos quiero dejarles una patria grande”, sostuvo Martínez.
La policía patrullaba por la mañana en los accesos a la capital y en las estaciones de tren adonde llegaron los manifestantes desde las localidades cercanas en el marco del nuevo plan de seguridad que habilita a las fuerzas federales a desalojar a los manifestantes que impidan el tránsito de personas o vehicular en forma parcial o total.
Políticos, sindicatos y organismos humanitarios que apoyan la marcha han denunciado ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta y apuntan que este se encuentra reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
La movilización se celebra además en conmemoración del 22 aniversario de una protesta en 2001 en contra del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rua que dejó decenas de muertos a causa de la represión policial.
En sintonía con las autoridades nacionales, la alcaldía capitalina indicó que los manifestantes no podrán cubrirse el rostro, portar palos o elementos contundentes y movilizarse con niños.
Las medidas con las que las autoridades pretenden mantener el orden en las calles contemplan la identificación de aquellos que las corten, lo que implicará que dejen de cobrar ayudas estatales.
EL QUE CORTA, NO COBRA
Milei reforzó esta intención posteando en su cuenta de Instagram la imagen de una pantalla informativa en una estación ferroviaria de la capital que advierte “el que corta, no cobra”.
Buenos Aires es epicentro de protestas regulares, algunas bloqueando las calles durante días, lo que ha motivado una creciente corriente de opinión pública en contra de este tipo de manifestaciones. Una encuesta reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires indicó que 65% de los encuestados está de acuerdo con prohibir los bloqueos. El sondeo tiene un margen de error de 1,5 puntos porcentuales.
El portavoz presidencial Manuel Adorni apuntó en contra de Belliboni y otros dirigentes de izquierda que convocaron a la protesta.
“Todas las organizaciones que están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarias entre planes (sociales) y beneficiarios. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. El Polo Obrero maneja una caja de 5,461 millones de pesos (unos 663,000 dólares), siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita los planes”, sostuvo el funcionario.
