La directora de Ética e Integridad Gubernamental (Degeig), Milagros Ortiz Bosch, reaccionó a la desconexión que recibieron los dispositivos semafóricos del Distrito Nacional que ocasionó, durante la última semana de agosto, un desorden por el en taponamiento de las principales avenidas.

Ante esto, Ortiz Bosch mostró su rechazo al contrato realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam SRL, encargada de gestionar el sistema de control al tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Ya que, según manifestó, no favorece que acuerdos suspendidos se mantengan activos en las instituciones públicas.

“Yo quería hablar solamente sobre el tema del Senado. Entonces solo diré una palabra y me voy de una vez: No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo”, dijo Bosch al terminar su participación en una actividad desarrollada en el Senado de la República.

La posición de la funcionaria se debe a que el mismo convenio, que beneficiaría con más de mil trescientos millones de pesos a la compañía internacional por brindarle al Intrant “mejorías” a la red semafórica del país, fue suspendido el 30 de octubre de 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tras el hallazgo de “indicios de irregularidades en el proceso de licitación”.

Esto, Las publicaciones de los medios de comunicación y la continuidad de acusaciones por desarrollar un proceso de licitación con “irregularidades” provocaron que el exdirector del Intrant, Hugo Beras, solicitara una licencia sin disfrute de sueldo.

A pesar de que Beras defendió antes de su salida, que en esa coyuntura fue expuesta como temporal, el concurso público, asegurando su transparencia y ejecución apegada a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Presidente del Senado

Al igual que Bosch, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, deploró el caos vivido en días pasados por los capitaleños en el parque vehicular del polígono central y solicitó a los organismos estatales establecer consecuencias para los culpables.

“Entiendo que los órganos correspondientes deben dar seguimiento y una respuesta a esa situación que afecto a la ciudadanía, con consecuencias para quienes no cumplieran… y si fue un atentado, para que también paguen las consecuencias”, dijo De los Santos, quien acompañaba a la titular de la Digeig.

Intrant

La compañía procedió el pasado 27 de agosto a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intrant, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos.

Al detectar esta situación, el Intrant notificó de inmediato a Transcore sobre este incumplimiento.

Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al Intrant a las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto. 

Lo que culminó en un desastre, con el desorden vial de 55 intersecciones de la urbe y un silencio por parte del Intrant que permaneció durante tres días.

Medidas adoptadas:

1. Rescindir de manera inmediata el contrato relacionado con la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control de tráfico y la red semafórica del gran Santo Domingo suscrito con la empresa Transcore Latam SRL, firmado el 19 de junio del 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes.

2. Mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado dominicano, a través del Intrant.

3. Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Como pueden ver debido a lo delicado de la situación que manejamos por varios días, nuestro silencio correspondió a las acciones estratégicas para devolver al Estado lo que le pertenece al Estado”.