Acciones. Miles de seguidores del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

AFP

Brasilia, Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió ayer lunes a los poderes públicos en Brasilia mientras unas 1,500 personas eran detenidas tras la invasión el domingo de edificios oficiales por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que buscaban la caída del mandatario.

Los titulares de los poderes públicos de Brasil, encabezados por Lula, cerraron filas contra los actos de vandalismo ocurridos el domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

En una inusual declaración conjunta, publicada en el Twitter de Lula, los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y del Supremo Tribunal Federal rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas” en la capital.

“Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia”, afirmaron.

Los reponsables se reunieron en el Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que el predio fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.

Los emblemáticos edificios de la capital brasileña fueron tomados el domingo durante casi cuatro horas por miles de seguidores de Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió hace una semana, el primero de enero.

Los incidentes recordaron los ataques al Capitolio en Washington hace dos años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro.

Rechazo mundial

Los actos del domingo fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, desde los gobiernos de Estados Unidos y Francia hasta Rusia y China.

“Estoy absolutamente convencido de que Brasil enfrentará esta situación con la responsabilidad adecuada”, expresó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores.

Hasta ayer lunes se había detenido a unas 1,500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, precisando que la mayoría de ellos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes.

Cientos de policías y militares fueron desplegados ayer lunes en diferentes puntos del país, como Brasilia, Rio y Sao Paulo, para desmantelar estructuras similares, desde donde hace dos meses se exigía una intervención militar.

El despeje respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente “en 24 horas” las acampadas, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su estrecha derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre. “No estoy de acuerdo con lo que se hizo ayer. Es vandalismo, es acabar con patrimonio que es nuestro”, dijo Ionar Bispo, un residente .