Lula dispensó a 13 uniformados, un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada.
AFP
Brasilia, Brasil
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, profundizó este miércoles la purga contra militares que trabajaban en el Ejecutivo, al tiempo que cargó de nuevo contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en los actos violentos que sus partidarios cometieron el 8 de enero en Brasilia.
Lula dispensó a 13 uniformados, un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada.
El personal separado este miércoles hacía parte del Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa, según se publicó en el Diario Oficial de la Unión.
Los cambios ocurren una semana después de que el mandatario, de 77 años, manifestara su desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
Lula compartió sus reservas sobre algunos de ellos tras la invasión a las sedes de los tres Poderes públicos en Brasilia a manos de miles de seguidores de Bolsonaro, a quien derrotó en un balotaje a fines de octubre pasado.
El dignatario dijo entonces que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero, ocurrida exactamente el día en que cumplía una semana de regresar al poder por tercera vez.
Y este miércoles volvió a señalar al exmandatario ultraderechista como responsable de los desmanes.
“No sé si el expresidente mandó (a cometer los ataques), lo que sé es que tiene culpa porque pasó cuatro años instigando al pueblo a tener odio”, aseguró Lula en una ceremonia con sindicalistas en el Palacio del Planalto.
El día de la asonada militante, el exobrero y sindicalista metalúrgico aseguró que Bolsonaro, a quien no mencionó directamente, “provocó” y “estimuló” los ataques a través de “discursos” mientras estuvo al frente de Brasil (2019-22).
En Estados Unidos desde días antes de terminar su mandato, Bolsonaro niega cualquier conexión con los actos violentos en Brasilia, pero es investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de haberlos instigado.
Investigaciones avanzan
La reforma en el entorno más cercano de Lula tiene lugar en momentos en que avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema.
Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales 1.382 continúan en manos de las autoridades.
La Fiscalía General presentó el lunes ante el Tribunal Supremo (STF) -máxima corte- sus primeros cargos contra 39 personas sospechosas de participar en los desmanes.
Augusto Aras, titular del despacho, prometió en entrevista con una televisora local que presentará otras 200 nuevas acusaciones en las próximas dos semanas.
Este miércoles, el exministro de Justicia de Bolsonaro y también secretario de Seguridad del Distrito Federal en el momento de la asonada, Anderson Torres, permaneció en silencio al acudir a su primera audiencia ante la Policía Federal desde que se entregó a las autoridades el sábado, informó el portal de noticias G1.
Torres, desvinculado del cargo capitalino tras los ataques, está detenido bajo sospecha de complicidad con la violencia, señalamiento que él niega.
El 8 de enero miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el corazón del poder público de Brasil, en un intento por impulsar la caída de Lula.
Respaldado al unísono por la comunidad internacional, el mandatario denunció el jueves pasado “connivencia” de sectores de las Fuerzas Armadas con los bolsonaristas radicales e incluso dijo que “alguien les facilitó” la entrada al Palacio de Planalto.
Desde entonces, el líder de izquierda, que protagonizó un espectacular regreso político luego de años opacado por un gigantesco escándalo de corrupción que incluso le llevó a prisión, empezó una revisión del personal del Ejecutivo.
Para los cargos de ahora en adelante privilegiará a “funcionarios de carrera, de preferencia civiles”.
“No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, comentó. “¿Cómo puedo tener una persona afuera de mi oficina que pueda dispararme?”.
