El presidente Luis Abinader depositó ayer ante el Senado de la República el proyecto que modifica la ley número 1-24, del 15 de enero de 2024, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) , según informó la Presidencia en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico, Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo, conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada, llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
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“Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros.
Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios”, indica el comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, “con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas.
En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales”. De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
LO QUE DIJO LA SIP
La ley que crea la DNI puede tener consecuencias “negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad”, con los consiguientes riesgos para las libertades de prensa y de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
