El Poder Ejecutivo depositó nuevamente ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley 137-07, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en busca de fortalecer el marco regulatorio y sancionador establecido para los culpables de este tipo de delitos. Esta nueva versión reintroducida el pasado 19 de junio en la Cámara de Diputados, pretende garantizar el encarcelamiento de quienes trafiquen seres humanos, específicamente a niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa legislativa había sido presentada en diciembre de 2022 en el Congreso.

Sin embargo, los funcionarios del tren gubernamental se vieron obligados a retirarlo meses después, luego de que el artículo 63, instruyera la permanencia irregular de las víctimas de trata y tráfico ilícito en el país, generando una fuerte controversia entre sectores importantes de la sociedad. Al igual que otros factores como el cobro de una aporte obligatorio al presupuesto del Estado que serían utilizados en la prevención y persecución de estos delitos.

Los cambios

De ser aprobadas en las dos cámaras, solo modificaría el artículo 3 para establecer que se considera pasible de ser penalizado por la ejecución de trata de persona, todo aquel que, mediante “fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder” conceda o reciba pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad de otra, con el objetivo de ejercer cualquier clase de explotación sexual, trabajo o servicio forzado.

“El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal de la persona que incurriera en este delito”, estas fueron las oraciones que antes no estaban en el artículo.

Mientras que el párrafo dictaría que, en los casos de criminales que incurran en la trata de infantes y adolescentes, no será necesario “para su configuración” ninguno de los medios antes mencionados.

“Cuando el delito de trata de personas se cometa en perjuicio de niño, niña o adolescente, no será necesario para su configuración que concurran ninguno de los medios enunciados, esto es, el empleo de engaño, rapto, uso de la fuerza, coacción, coerción, amenaza, abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos para recibir el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, declara el párrafo. Sobre la penalización, las penas no tienen variaciones, fijando una condena de 15 a 20 años de reclusión y una multa de 175 salarios mínimos para los culpables.

Falta otra modificación

En una nota de prensa se declara que continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político en torno a tan relevante tema.

El ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, dijo en julio de 2023 que el proyecto de ley, en proceso de edificación por el Gobierno, sería dividido en dos partes. Un particular concentrado en la aprobación de medidas que combatan el tráfico ilegal de inmigrantes y otro que contemple sanciones contra la trata de personas. El anteproyecto, que podrá ser estudiado durante esta legislatura, hasta el próximo 26 de julio, debido a que es la fecha programada para su culminación, está enfocado únicamente en los aspectos relacionados con la protección de los menores de edad que sean víctima del secuestro y venta de personas. Por lo que, partiendo de las expresiones del canciller dominicano, aún falta un proyecto por ser entregado a los congresistas, direccionado en el ataque a la inmigración ilegal dentro del territorio nacional. “Busca el fortalecimiento de la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos, acciones estas que representan vulneraciones graves de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución”, manifestó el gobernante Abinader en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.