Los congresistas dominicanos no son los únicos beneficiarios de traer vehículos sin la necesidad de pagar impuestos. Sin embargo, a diferencias de otros sectores, son los que mayor cantidad de dinero evitan que ingrese a las arcas del estado.

Las quejas y la excusas de los legisladores se ven cada vez que se toca el tema: Desde “no somos los únicos en recibir exoneraciones” pasando por “no deberíamos tener estos privilegios” hasta “someteremos un proyecto de ley para cambiar esta disposición”. Cada uno de estos dichos, así como otros similares, han sido escuchados en la boca de un congresista dominicano, según recogen registros periodísticos de distintos momentos. Asimismo, sin importar el partido político o línea ideológica, una gran mayoría de ellos toma las exoneraciones.

La prueba fehaciente de ello radica en una base de datos con todas las exoneraciones recibidas por congresistas durante el período 2020-2024, analizada por este medio, la cual muestra que al menos 197 personas o entidades, entre nombres de legisladores y “dealers” de vehículos que fueron usados por estos, se beneficiaron de este privilegio.

Sumado a esto, el análisis de la base de datos proporcionada por la Dirección General de Aduanas (DGA), reveló que más de la mitad del monto total de dinero que dejo de percibir el Estado Dominicano por exoneraciones vehiculares corresponde solo a los traídos por los congresistas dominicanos, quienes durante el período legislativo señalado evitaron el ingreso aproximadamente de RD$2,195,437,770 a las arcas del país, al adquirir unos 473 automóviles.

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El elevado monto, a pesar haber sido solo 473 vehículos, se debe en gran medida a las marcas y modelos preferidas por los legisladores, siendo 9 de 10 “marcas de lujo” con valores entre 60 mil y 600 mil dólares, los cuales costaron al Estado, según cálculos, una media de RD$4,641,593 por automóvil exonerad

Otro aspecto es que la legislación que habilita las exoneraciones a los congresistas no les otorga ningún límite en cuanto al costo total del vehículo, exonerando cualquier tipo de impuesto al momento de llegar al país. La única “traba” que tienen los diputados y senadores dominicanos es el traspaso de nombre, impidiendo hacerlo de inmediato.

Antes del levantamiento de cualquier límite, existía la Ley 21-87 de 9 de marzo de 1987, la cual establecía un monto máximo de 18 mil dólares para traer un vehículo del extranjero libre de impuestos para los congresistas. Sin embargo, los presidentes de ambas cámaras legislativas en el año 1996. Héctor Rafael Peguero Méndez (Cámara de Diputados) y Amable Aristy Castro (Senado) impulsaron la “renovación” de esta legislación.

Como parte de su justificación, la pieza considera: “Que los automóviles han experimentado una considerable alza de precio en el exterior, como consecuencia de la inflación y la crisis energética que se está confrontando en el mundo, al extremo de que con US$l8,OOO.OO solo puede adquirirse un vehículo usado y de dudosas condiciones de seguridad” así como que “la investidura de un legislador de la República, representante del primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad a la par con países amigos”.

Haciendo uso de estos argumento, se modificó la ley y se eliminó cualquier tipo de limitación: “Cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multa, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existente”.

La pieza legislativa solo dejó una limitante y fue con respecto al traspaso de vehículos, impidiendo que cambie de dueño, “si no después de un período de dos años de haber sido importado”.

Cambiar la norma

Durante años se ha debatido la posibilidad de cambiar la legislación. No obstante, son los propios legisladores, quienes reciben este beneficio, los encargados de decidir si la modifica y se quedan sin este privilegio.

Varios diputados y senadores durante estos cuatro años han propuesto iniciativas para variar la legislación, estableciendo un límite o designando a alguna entidad del Estado para que le brinde un vehículo durante su tiempo como congresista, pero ninguna ha prosperado. Las últimas dos piezas ingresadas con esta finalidad al Senado de la República no fueron siquiera estudiadas por la comisión que fue apoderada para su estudio.

¿Cómo lo hicimos?

A través de una solicitud por libre acceso a la información pública realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA) obtuvimos una base de datos que contiene todos los detalles sobre las importaciones de vehículos al país que aplicaban para alguna exención fiscal.

Limpiamos, organizamos, extrajimos y analizamos todos los datos que contenía el dataset, permitiendo luego encontrar esta y el resto de las historias que agrupan esta serie de trabajos.

Si desea acceder a la base de datos completa, puede presionar aquí o escribir a nuestro periodista de datos paul.mathiasen@listindiario.com para cualquier información relacionada.

En caso de querer manipular los datos o hacer búsquedas más exactas, recomendamos descargar el archivo y abrirlo con un programa compatible.