En los últimos días ha surgido un debate en la opinión pública sobre la deuda que República Dominicana mantiene con Venezuela, en particular bajo el programa de Petrocaribe. Este tema, lleno de malentendidos y confusión, ha despertado inquietudes tanto en los medios como entre la ciudadanía, especialmente en lo relativo al monto de la deuda y a las razones que explican que todavía se tengan compromisos financieros con el país sudamericano.

En primer lugar, es fundamental precisar que el monto de la deuda del gobierno dominicano con Venezuela asciende a 214.3 millones de dólares, no los 350 millones que señaló un funcionario venezolano en días recientes. Esta cifra es muy fácil de comprobar en la página de Internet de la Dirección General de Crédito Público del gobierno dominicano.

De existir discrepancias entre el monto registrado por el gobierno dominicano y el estimado por el gobierno venezolano, sería interesante ver los datos oficiales de ambos gobiernos para poder comparar y conciliar las diferencias, pero lamentablemente las estadísticas fiscales de Venezuela no han sido actualizadas desde el año 2009. Por el contrario, el gobierno dominicano actualiza los datos mensualmente.

En segundo lugar, esta deuda remanente de 214.3 millones de dólares no implica que el gobierno dominicano está atrasado o que ha quedado mal frente a sus acreedores, pues toda deuda tiene un calendario de pago. De hecho, el monto que la República Dominicana le debe a Venezuela apenas representa un 0.5% de la deuda externa dominicana, es decir, por cada 100 dólares que el gobierno dominicano debe en el exterior, apenas 50 centavos corresponden a deuda con Venezuela.

Haciendo un poco de historia, en el año 2015 hubo una renegociación importante de la deuda con Venezuela, en donde se redujo la deuda de 4,163.7 millones de dólares en 2014 a 232.5 millones de dólares en 2015, una operación que implicó que el gobierno dominicano lograse un descuento de aproximadamente 52%, algo que el gobierno venezolano aceptó muy felizmente por la gran escasez de dólares que tenían ese año. De todas formas, la renegociación no fue por la totalidad de la deuda, sino por un 98% de la misma.

En pocas palabras, el gobierno dominicano pagó “de golpe y porrazo” casi la totalidad de la deuda que estaba supuesta a ser saldada paulatinamente durante décadas. Con esto, cada una de las partes salió beneficiada: el gobierno dominicano logró un alto descuento y redujo sus niveles de deuda, y el gobierno venezolano pudo acceder a más de mil millones de dólares para aliviar las presiones cambiarias del momento. Al respecto, agencias internacionales felicitaron al gobierno dominicano por esa negociación.

En la actualidad, República Dominicana tiene capacidad financiera de sobra para saldar la deuda remanente en cuestión de días, sin que eso represente el más mínimo esfuerzo para las finanzas públicas dominicanas, pero desde el 2019 el gobierno de Venezuela ha sido objeto de sanciones financieras a nivel internacional que dificultan el realizarle pagos, pues no tienen cuentas en bancos internacionales. Incluso, para realizar transacciones con el gobierno venezolano (como la compra de acciones de REFIDOMSA) hay que auxiliarse de terceros para triangular pagos.

Además de los elementos contables y legales relacionados a las restricciones que imposibilitan realizar pagos directos al gobierno venezolano, a un nivel más filosófico sería válido preguntarse a qué gobierno se le tendría que pagar esta deuda en la actualidad, pues por un lado estaría un gobierno dirigido por Edmundo González quien aparentemente ganó las elecciones en este año, y por otro lado estaría el gobierno de Nicolás Maduro que, aunque se mantiene en el poder, no representaría al pueblo venezolano dado que perdió las elecciones.

En tercer lugar, si tanto le preocupa la deuda remanente a “funcionarios del gobierno venezolano”, la solución no está en atacar a la República Dominicana ni a su mandatario, la solución inicia y termina con reconocer al verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, lo que permitiría que el país normalice su situación internacional, se levanten las sanciones y se reanuden los pagos de forma regular.

En ese sentido, los funcionarios dominicanos no deberían seguir el “dime y diretes” público con funcionarios venezolanos, pues eso sería caer en su juego y obviar la conversación más importante relativa a la restauración de la democracia y la legitimidad en Venezuela.

En resumen, la deuda de República Dominicana con Venezuela es considerablemente menor de lo que se ha señalado y no ha sido cancelada por las restricciones financieras que impiden realizar pagos al gobierno venezolano.

Cualquier debate sobre este tema debería enfocarse en las restricciones por el problema político en Venezuela, y no en acusaciones infundadas que desvían la conversación principal.