A raíz de los acontecimientos recientes, por la muerte del Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, a manos de un amigo de infancia que le visitó en su despacho, disparándole con arma de fuego que le cegó la vida, surge la interrogante sobre los protocolos de seguridad que deben ser agotados por cualquier que acceda a instituciones públicas.

El Dr. Deomedes Olivares y la Licda. Surelis Made refieren a través del programa DemocraciaTV que La seguridad de los funcionarios públicos, sobretodo de los ministros y del Presidente de la República, requiere de un enfoque especial.

Esos escenarios donde una persona entra a despachos de funcionarios sin antes ser revisado y despojado de sus armas de fuego, deja entre claro que estamos nulos en protocolos de seguridad y que cualquiera puede atacar a quienes ocupan altos cargos.

Es necesario reforzar los salarios de policías y militares que desempeñan funciones de seguridad, así como reforzarles en técnicas de protocolo seguro y sobretodo en auxilio inmediato, aspectos que vemos hoy fallaron en cuanto a la protección del fenecido Ministro de Medio Ambiente.

El ejercicio del Poder Público entraña peligros, no sólo responsabilidades. La vida de un funcionario público corre riesgos, a menudo insalvables.

En todos los casos de muertes de funcionarios públicos, electos o designados, que han sacudido al país, se notan fallas en la política de seguridad del Estado.

Los protocolos de seguridad no deben aplicarse con discrecionalidad, sus ejecutantes debe seguirlos ante cualquier persona, poco importa el vínculo real o aparente que tenga con el funcionario al que se deba resguardar.

Un político profesional es un capital humano del país, tiene un alto valor para la vida institucional y democrática de la nación; su seguridad, especialmente cuando ejerce funciones públicas delicadas, debe ser garantizada, tanto por sus aportes a la sociedad como a la familia a la que está vinculado.