Existe consenso entre los más destacados economistas nacionales de que nuestro país requiere una reforma fiscal para estabilizar las fianzas del Estado, pues de lo contrario la deuda pública alcanzará niveles insostenibles. Esta opinión es incluso compartida por técnicos de los tres organismos internacionales que han analizado con detenimiento la economía dominicana, es decir: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Parece que también hay consenso de que la misma deberá aumentar los ingresos fiscales entre un 2 y un 3 % del PIB. Si tomamos como base que el PIB corriente del 2024 se estima será de aproximadamente RD$74,475 millones, esto nos indica que la reforma deberá aumentar los ingresos tributarios del Estado entre unos RD$150,000 y RD$220,00 millones de pesos anuales.
En cuanto a cómo lograr este aumento anual, esto es más difícil de consensuar, pues ahí entran en juego intereses económicos, aspectos sociales, ideológicos y otros. Nuestro principal problema en este sentido es que de acuerdo a la nueva metodología para medir el bienestar poblacional, en el 2023 un 23% de la población se consideraba en pobreza monetaria, es decir, no tenía recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios; y por lo tanto, no puede ser gravada con nuevos impuestos ni directos ni indirectos, lo que nos indica que la es a la clase media y a la alta a quienes les corresponderá cargar con el peso de la reforma.
En gran parte este alto nivel de pobreza se debe a que ese segmento de la población no encuentra fuentes normales de empleos con salarios justos, pues las principales fuentes de trabajo que en todas las naciones del mundo están cubiertas por este segmento, en nuestro país están servida por la inmigración haitiana, especialmente en la agricultura y la construcción. Esto nos indica que lejos de mejorar, la situación podría empeorar en la medida en que esos inmigrantes vayan incursionando en nuevas actividades. De ahí que le ha correspondido al Estado ir en auxilio de nuestra población más pobre, para lo cual cada día necesita de mayores recursos fiscales para cubrir programas sociales compensatorios.
Ante esta peculiar situación, veamos pues lo que se podría hacer. Ante todo, consideramos que en esta ocasión no es aconsejable tocar las tasas tributarias existentes, ni tampoco recurrir a nuevos impuestos. Lo que se debería hacer es muy sencillo y se resumen en que todos los ciudadanos tengan que cumplir con las obligaciones fiscales existentes que les corresponden pagar de acuerdo a sus niveles de ingreso.
Por tanto, el primer objetivo de la reforma debería ser aumentar las contribuciones de las personas físicas las cuales están actualmente en niveles muy bajos. Una forma de hacerlo es exigiendo que todos los ciudadanos que reciben ingresos por un monto que sea equivalente a tres veces el ingreso exento (actualmente RD$416,220 anuales) deberían hacer declaraciones de renta anuales, independientemente que tengan o no agentes de retención. Esto quiere decir que cualquier persona que haya declarado a la DGII ingresos anuales por más de RD$1, 250,000 deberá en lo adelante presentar todos los años una declaración de ingresos, a través de un formulario que para estos fines deberá diseñar cuidadosamente la DGII para que este nuevo requisito se efectivo en términos fiscales, pero que también resulte relativamente simple de cumplir para los contribuyentes. Estas declaraciones anuales le permitirían a la DGII ir determinando cuál es el verdadero ingreso anual de cada contribuyente.
En segundo lugar consideramos que en lo adelante todo establecimiento físico donde se realice una operación con fines de lucro, debería tener en un lugar visible dentro del local, una placa suministrada por la DGII donde se consigne, entre otras cosas: el registro nacional de contribuyente (RNC), el nombre del establecimiento y su la dirección. Para estos fines, se debería establecer plazos razonables de aplicación. Como hemos señalado, este programa debería abarcar cualquier establecimientos donde se realicen operaciones tanto de bienes como de servicios con fines de lucro y que tengan una capacidad contributiva razonable (tiendas, colmados, consultorios médicos, salones de belleza, bancas de apuestas, bufetes de abogados, etc., etc.).
Después que la DGII otorgarse los plazos correspondientes para el cumplimiento de esta disposición, debería formar brigadas de inspectores que visiten a todos y cada uno de estos establecimientos a nivel nacional para que verifiquen si tienen las citadas placas y por tanto su registro de contribuyente. Asimismo, debería comenzar a aplicar las sanciones de incumplimiento que para estos fines establezca dicha institución. De esta forma se podría aumentar considerablemente el número de contribuyentes nacionales, que es lo que necesitamos para que la carga fiscal se distribuya equitativamente.
Aunque podría argumentarse que estas dos medidas podrían tomar algún tiempo para ver sus resultados, esto no debería ser obstáculo para su implementación, pues si no ampliamos significativamente el número de contribuyentes, siempre seguiremos haciendo lo mismo, es decir, aumentar impuestos indirectos para que injustamente se siga cargando el peso de la tributación a un gran segmento de la población que solo puede cubrir sus necesidades básicas, incluyendo aquellos con pobreza monetaria. Asimismo, se permitiría que un altísimo segmento de clase media y alta pueda seguir evadiendo las responsabilidades fiscales que le corresponde pagar de acuerdo a sus niveles de renta.
Finalmente se debe señalar que es obvio que mientras tanto el gobierno debería tratar de resolver el problema fiscal que representa el déficit eléctrico, también el de la concesiones e incentivos que se siguen otorgando a actividades que ya no lo requieren, y así muchas otras medidas que podrían mejorar las recaudaciones a corto plazo, pero sin tocar el tema de nuevos impuestos o de incremento de los existentes.
