Luego de varias semanas de espera, la Junta Central Electoral (JCE) comunicó que estará designando una comisión para elaborar un proyecto de ley para regular lo relativo a las candidaturas independientes luego del fallo emitido por el Tribunal Constitucional.
La decisión fue tomada durante una reunión del pleno del órgano electoral, encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, y que también comandará la comisión encargada de elaborar ese proyecto de ley.
Además de Jáquez Liranzo, están en la comisión los miembros del pleno Samir Chami Isa e Hirayda Fernández Guzmán; el director de elecciones, Mario Núñez; el director de Informática, Johnny Rivera; el consultor jurídico, Denny Emmanuel Díaz Morán; la directora de Partidos Políticos, Lenis Rosangela García Guzmán, y el director especializado de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
El comunicado de la JCE señala que la comisión estará encargada de realizar un cronograma de trabajo, el cual será dado a conocer en los próximos días.
Esta es la primera posición presentada por la JCE desde que el 13 de diciembre la alta corte dictara la sentencia TC-0788-24, mediante la cual declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23 de Régimen Electoral con relación a las candidaturas independientes, autorizando de facto que todos los dominicanos con aspiraciones inscriban sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
El Tribunal Constitucional tomó la decisión debido a que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que, para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido.
La decisión del Tribunal Constitucional provocó un rechazo inmediato de los principales actores políticos del país, ya que el mismo representaría el “fin del sistema de partidos políticos”.
