La informalidad puede ser estimulada por una combinación de factores económicos, sociales, legales y culturales. Entre ellos sobresalen los altos costos laborales y cargas tributarias, bajo acceso a los servicios financieros, baja productividad y escaso niveles de educación.
Tampoco hay supervisión efectiva de estos negocios informales que operan bajo el radar de las autoridades. En nuestro país, los factores que impulsan la informalidad son las normas de contratación y despido de los empleados que van más allá de la capacidad del empleador, especialmente en las Mypimes. El segundo, son las cargas tributarias, especialmente el anticipo al ISR.
El primer paso para reducir los costos laborales y las cargas tributarias es eliminar la cesantía y reducir a la mitad el anticipo, lo que daría lugar a que muchas pequeñas empresas se formalicen y tengan acceso a los servicios financieros mejorando su productividad. El congreso jamás debería aprobar un nuevo Condigo Laboral manteniendo la cesantía porque eso convertirá a República Dominicana en un país informal. No tendremos un 55% de empleos informales sino un 70% en pocos años y eso aumentaría la pobreza por la precariedad salarial y desprotección social. Se suponía que una vez aprobada la Ley de Seguridad Social en el 2001, donde se establece el sistema de pensiones, la cesantía sería eliminada porque es insostenible pagar doble tributación. Eso tiene aplastado los salarios, especialmente de los trabajadores formales.
Los sindicatos defienden la cesantía para beneficiar a menos de la mitad de los trabajadores del país, que están formalmente empleados y se olvidan de los informales que son mayoría. Incomprensible. Si se elimina la cesantía y se aplica la fórmula propuesta por los empleadores para nuevas contrataciones, garantizando el pasivo laboral acumulado y se reduce el anticipo a las Mypimes, cientos de miles de empresas informales pasarían a la formalidad pagando un impuesto único (ej., un monotributo) donde los empleados disfrutarían de los beneficios de la seguridad social (contributivo) y un salario mínimo como lo establece la ley. Las empresas formales, también mejorarían los salarios y la productividad.
PUBLICIDAD
Hoy, esos empleados informales, no disfrutan de beneficios sociales (salvo la salud bajo el régimen subsidiado), muchos viven en la pobreza porque ganan salarios por debajo del mínimo y las empresas que los contratan no pagan impuestos.
Combatir la informalidad requiere una combinación de políticas públicas efectivas, como simplificar trámites, reducir costos laborales, fortalecer la fiscalización, y fomentar el desarrollo de habilidades y el acceso a financiamiento. Pero todo comienza eliminando la doble tributación.
