AGENCIA AFP

Puerto Príncipe, Haití

Jameson Jacques vive en un refugio improvisado con sus tres hijos desde que pandilleros incendiaron su casa, matando a sus padres. Como él, numerosos habitantes de Puerto Príncipe sufren una pesadilla diaria, un mes después del anuncio de la creación de autoridades de transición cuya investidura no se concreta.

“Puerto Príncipe se ha vuelto inhabitable”, dice este treintañero desde el centro de la capital de Haití. “Si tuviera dinero, ya me habría ido a una ciudad de provincia con mis tres niños”.

El país caribeño, afectado por décadas de inestabilidad política y una pobreza muy extendida, padece una nueva ola de violencia.

Desde finales de febrero, poderosas pandillas se aliaron para atacar puntos estratégicos de Puerto Príncipe (comisarías, cárceles, ministerios, aeropuerto y puerto, etc.), en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry.

El dirigente, cuestionado por el aumento de la violencia y por gobernar sin haberse sometido a una votación popular, anunció el 11 de marzo que iba a dimitir para ceder el testigo a un consejo presidencial de transición.

Pero en un país que no celebra elecciones desde 2016, la transición política se ha visto retrasada una y otra vez por desacuerdos entre los candidatos para ese consejo y desavenencias con el Gobierno saliente de Henry.

– Huir de la violencia –

La población, entre tanto, tiene que lidiar con las consecuencias del dominio de las pandillas, que ocupan más del 80% de la capital.

“Estoy viviendo una pesadilla. Desde hace semanas no puedo ir al centro de la ciudad”, lamenta Junior Fontus, un vendedor de bebidas que tuvo que instalarse en el edificio del Ministerio de Educación, convertido en un refugio para acoger a desplazados internos como él.

“Sin mi comercio, ¿cómo voy a poder alimentar a mis cinco hijos y pagar sus gastos de escolarización?”, se pregunta.

En marzo la violencia pandillera llevó a más de 53,000 personas a huir de Puerto Príncipe.

“Antes decía que no iba a abandonar el país. Aconsejaba a los jóvenes que no se fueran, que era mejor juntar nuestros ahorros para lanzar un negocio”, recuerda Charles Jean Wilderson, un empresario de 38 años.

“Pero ahora, cuando hay un secuestro y que una pandilla lo reivindica, ya no se puede aconsejar a los jóvenes que se queden. Un joven que se marcha ahora tiene razón”, asegura.

– Parálisis –

En Puerto Príncipe, impera la ley de las bandas criminales, y la policía intenta a duras penas defenderse frente a enemigos mejor armados y con numerosos miembros.

La violencia, de la que se habían librado algunos barrios, como el acomodado Pétion-Ville, se ha extendido a casi toda el área metropolitana de la ciudad. Una situación “catastrófica”, según la ONU, que informó de 1,554 muertos y 826 heridos en los tres primeros meses de 2024 en Haití.

“Nunca he vivido nada igual. Estábamos acostumbrados a situaciones complicadas, (pero) esta vez es peor”, dice Samson Dorsena, un artesano de la capital. “La inseguridad frena nuestras actividades (…) No he vendido nada. No hay clientes. La gente tiene medio a salir”.

Haití, devastado en 2010 por un terremoto que causó más de 220,000 muertos, depende en gran parte de la importación de bienes y la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Pero las pandillas paralizaron el aeropuerto y el puerto en las últimas semanas, causando escasez de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

En esas condiciones, los servicios de salud están al borde del colapso y los pocos hospitales que aún funcionan se ven desbordados.

Entre el 29 de febrero y el 9 de abril, el capitalino Hospital Universitario de la Paz ingresó a 194 heridos de bala, según el responsable del establecimiento, Paul Junior Fontilus.

“Es muy difícil conseguir carburante y oxígeno para cuidar a nuestros pacientes. Gracias a las ayudas de algunos socios, conseguimos seguir adelante, pero no sé por cuánto tiempo”, explica el doctor, que también alerta sobre una penuria de bolsas de sangre.

Cinco millones de personas, casi la mitad de la población de Haití, está en situación de “inseguridad alimentaria aguda”, según un informe de expertos internacionales.

En un acuerdo político alcanzado por sus futuros miembros, el consejo presidencial de transición estableció entre sus prioridades “restablecer las condiciones de seguridad pública” o “tomar medidas excepcionales para reactivar la economía, mejorar la oferta de servicios básicos y combatir la inseguridad alimentaria”. Pero primero tendrá que asumir el poder, como se anunció hace un mes.