El gobierno de Gran Bretaña provocó ayer miércoles las críticas de los opositores y la división entre los conservadores con un proyecto de ley que le permitirá hacer caso omiso a una parte de la ley sobre derechos humanos del país para poder deportar a solicitantes de asilo a Ruanda.
El proyecto de ley forma parte de los planes del gobierno para superar el bloqueo de la Corte Suprema británica a su política sobre Ruanda. El máximo tribunal falló el mes pasado que el plan era ilegal porque Ruanda no es un país seguro para los refugiados.
Desde entonces, Gran Bretaña y Ruanda han firmado un tratado por el que se comprometen a reforzar la protección de los migrantes. El gobierno británico afirmó que eso le permitirá aprobar una ley que declare Ruanda como un destino seguro.
El secretario del Interior, James Cleverly, declaró que el proyecto de ley sobre la seguridad de Ruanda “dejará absolutamente claro en la ley británica que Ruanda es un país seguro”. Instó a los legisladores del Parlamento a aprobar la ley, aunque podría violar las normas internacionales de derechos humanos.
El gobierno señaló que la ley permitirá “dejar de aplicar” secciones de la ley de derechos humanos de Gran Bretaña cuando se trate de solicitudes de asilo relacionadas con Ruanda.
En la primera página del proyecto de ley, Cleverly sostiene que no puede garantizar que sea compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, pero que los legisladores deberían aprobarla de todas formas.
LUCHA EN EL PARLAMENTO
El proyecto de ley enfrenta ahora una lucha en el Parlamento. No va lo suficientemente lejos para algunos legisladores del ala autoritaria del Partido Conservador, quienes quieren que Gran Bretaña vaya más lejos y abandone por completo la convención europea. Eso pondría al Reino Unido entre el puñado de países europeos que no participan en la convención, como Bielorrusia y Rusia, que fue expulsada luego de que Moscú lanzó su invasión a Ucrania.
El ministro de Inmigración, Robert Kenrick, partidario de medidas duras, renunció el miércoles tras la publicación del proyecto de ley.
Es probable que el proyecto también enfrente la resistencia de los legisladores conservadores centristas que se oponen a que Gran Bretaña incumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Y el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Vincent Biruta, afirmó que su país desecharía el acuerdo a menos que Gran Bretaña se apegue al derecho internacional.
“Siempre ha sido importante, tanto para Ruanda como para el Reino Unido, que nuestra asociación en asuntos jurídicos cumpla las normas más estrictas del derecho internacional, y obliga tanto al Reino Unido como a Ruanda a actuar legalmente”, declaró en un comunicado.
Todavía no se ha enviado a nadie a Ruanda en virtud del plan, que ha sido objeto de múltiples impugnaciones judiciales. La nueva ley, de aprobarse, dificultaría la impugnación de las órdenes de deportación ante los tribunales.
