El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, desmintió que haya ocurrido un desalojo en comunidades mineras de la provincia Sánchez Ramírez, donde opera la Barrick Pueblo Viejo y aclaró que lo sucedido fue un procedimiento relacionado con el acceso para realizar estudios geológicos previos a las obras de reasentamiento.

El ministro explicó que lo ocurrido fue un requerimiento de la empresa Barrick Pueblo Viejo para abrir el acceso necesario para la movilización de equipos.

“Lo que sucedió ayer fue que hubo una solicitud para permitir el libre tránsito y que se pudieran realizar los estudios pertinentes para las futuras obras”, afirmó Santos, respecto al conflicto donde resultaron varias personas que protestaban con heridas.

Dijo que, hasta la fecha, se ha alcanzado un acuerdo con 656 familias que serán reasentadas durante este proceso, el cual está en curso, según un documento enviado por la institución que dice que esas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Gobierno de la Mañana, en la Z-101.

Santos destacó la importancia que reviste para el Gobierno el bienestar de las familias residentes en las zonas mineras y subrayó que a pesar de los esfuerzos, algunas personas han bloqueado los terrenos donde se realizarían los estudios geológicos.

“Es una situación lamentable que hemos tratado de resolver y esta es una oportunidad para retomar el diálogo con las comunidades interesadas, quienes están evaluando los beneficios que puede traer este proceso de reasentamiento”, expresó Santos.

Barrick Pueblo Viejo, de forma separada, precisó que no hubo desalojo, sino que la fuerza pública intervino para levantar un bloqueo de un grupo de personas que impedían el acceso a propiedades, por las cuales ya había un acuerdo previo. Santos también indicó que los retrasos en ese proceso afectan negativamente al país, ya que impiden la expansión de las operaciones de Barrick Pueblo Viejo, una inversión que, según explicó, podría generar mayores ingresos para la nación debido al incremento en el precio internacional del oro.

Es por ello que, para resolver las diferencias, el Ministerio de Energía y Minas ha solicitado la intervención de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, con el fin de contar con la asesoría de expertos en productos de ciclos cortos y en la zona.

El funcionario hizo hincapié en que, de los 80 productos de ciclos cortos en disputa, 71 ya han sido acordados, mientras que las principales discrepancias se centran en nueve productos. Reiteró un llamado al diálogo, al señalar que se buscará la mediación del Defensor del Pueblo para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

Barrick Pueblo Viejo aseguró este jueves que el proceso para la Instalación de la presa de Almacenamiento de Relaves El Naranjo se ha visto afectado negativamente por un pequeño grupo de personas que, entre otras cosas, habrían realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses económicos.

Explicaron que los comunitarios han exigido el pago de indemnizaciones injustificadas por las tierras y los cultivos que no se refieren a una evaluación independiente de los precios aplicables en el mercado.

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Levantamiento de bloqueo

Explicación

Barrick explicó que fuerzas públicas fueron desplegadas en la comunidad Arroyo Vuelta, Cotuí, para levantar un bloqueo ilegal en la vía pública impuesto por un grupo de personas que impedía el acceso a propiedades con acuerdos previos. Y que las autoridades fueron recibidas con piedras por parte de los comunitarios, lo que llevó al uso de gases lacrimógenos para dispersar la multitud.

  La situación se origina en la protesta de campesinos contra la empresa Barrick Pueblo Viejo, que, según ellos, está explorando en la zona sin haber adquirido sus tierras. Por otro lado, empresa Barrick Pueblo Viejo asegura que ha llevado a cabo un proceso de reasentamiento justo y transparente de acuerdo con las mejores prácticas y lineamientos internacionales. Durante todo el proceso de reasentamiento, Pueblo Viejo se ha involucrado estrechamente con las comunidades llevando un diálogo y trabajando con la comunidad de manera transparente, incluido el desarrollo del sitio anfitrión, la construcción de casas de reemplazo, la restauración de los medios de vida. y los programas de desarrollo comunitario, asegurando siempre la participación pública durante todo el proyecto.

La tensión entre las comunidades y la empresa minera se mantiene, mientras las autoridades buscan restablecer el orden en la región.