Con el reciente conocimiento de una orden de captura emitida por la corte del Distrito Sur de Florida, varios dominicanos podrían ser solicitados en los próximos días por el Gobierno de Estados Unidos para ser extraditados.
El más destacado en los medios de comunicación ha sido el actual regidor Edickson Herrera Silvestre, quien ocupa aún una curul en el consejo municipal del Distrito Nacional, en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Este es el segundo caso en el cual la organización política oficialista recibe una mancha en su imagen, luego de que Miguel Gutiérrez, el primer diputado en la historia constitucional, fuese arrestado y condenado en 2023 por narcotráfico.
De acuerdo con el alegato de las autoridades estadounidenses, el político dominicano Herrera Silvestre es acusado de conspirar para enviar y distribuir en el país norteamericano una mezcla de sustancias que contiene “una cantidad detectable de cocaína”.
Junto al integrante del cabildo capitaleño, también se encuentra José Eduviges Aponte Torres, apodado “Buby,” o “Meano”, quien es buscado en territorio estadounidense por su participación en las mismas acusaciones establecidas por el jurado de Florida. Sin embargo, hay otro nombre situado dentro del documento judicial que ha pasado desapercibido.
General retirado William Durán Jerez
De acuerdo con la confirmación realizada al Listín Diario por una fuente ligada a organismos de investigación, William Durán Jerez, identificado en la acusación como “el general”, es el mismo oficial de la Policía Nacional que fue colocado en retiro en 2009 por el expresidente Leonel Fernández.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Precisamente, en el mismo decreto presidencial 161-09 que fue separado Jerez por “antigüedad en el servicio”, con disfrute de su pensión, también retiró al general Hilario de la Cruz González y González, quien, según reseñan las publicaciones de los periódicos, era el encargado de Baní cuando en ese municipio registró la matanza en Paya.
Acusación por cocaína
De acuerdo con el documento de acusación que establece las motivaciones del caso, el regidor perremeísta del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre, el general de la Policía retirado William Duran Jerez y José Eduviges Aponte Torres, apodado “Buby”; intentaban comercializar drogas en Estados Unidos.
Supuestamente, la sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuible a los acusados, como resultado de su conducta y la conducta de otros conspiradores, “es cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína”.
Posibles consecuencias
En caso de ser solicitado en extradición o capturados en territorio estadounidense, habiendo sido encontrados culpables por el tribunal de Florida, los tres imputados podrían recibir condenas de cadena perpetua, prisión durante diez años. Además, una multa de hasta USD$10, 000,000.
Listín supo que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido todavía apoderada formalmente para la solicitud de extradición.
El procedimiento en este tipo de caso es que la solicitud llega al Ministerio de Relaciones Exteriores, y este lo remite al despacho de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, quien lo envía al departamento de extradición. Ese departamento solicita a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia una orden de arresto.
Luego se fija fecha para el conocimiento de solicitud de medida de coerción, donde el juez puede imponer prisión preventiva, presentación periódica o arresto domiciliario.
El magistrado fija fecha para el conocimiento de la solicitud de extradición. En la audiencia, desarrollada en la Segunda Sala Penal de la SCJ, el Gobierno norteamericano es normalmente representado por la abogada Analdis Alcántara, y participa un procurador del departamento de extradición y el abogado del reclamado en extradición.
