Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y el Revolucionario Dominicano (PRD) se sumaron a la más de una decena de recursos de inconstitucionalidad que ha conocido el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Como en los pedidos anteriores, las organizaciones políticas, que conformaron la alianza opositora Alianza RD para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de este año, solicitan que se declare la Ley no conforme con la Constitución y violatoria de los procedimientos legislativos y derechos fundamentales. Se refieren a violaciones a los Artículos 44, 49 y 69 de la Constitución, que consagran derechos a la intimidad y el honor, la libertad de expresión e información, entre otros.

El recurso fue presentado ante el Tribunal por el abogado Gilbert de la Cruz, y los representantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República decidieron dejar el pedido a la soberana interpretación del tribunal.

Por su parte, el representante de la Procuraduría General de la República solicitó el rechazo de la acción por “no configurarse las infracciones constitucionales que alegan los demandantes”, pero demandó que se dicte una sentencia interpretativa respecto al artículo 11 de la Ley para que el texto precise que, para recabar información privada, la DNI necesita autorización motivada de una autoridad judicial competente.

En una audiencia celebrada este viernes, el TC también conoció otro pedido de inconstitucionalidad que, basado en las mismas violaciones, fue interpuesto por un grupo de organizaciones civiles, entre ellas Acción Cristina, Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en defensa de la vida y la familia (FUMEJID) y los señores Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña, quienes solicitan declarar inconstitucionales los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la referida Ley.

En ambos casos, el TC se reservó el fallo. Las inconformidades con la Ley 1-24, que entró en vigencia el 15 de enero pasado, han motivado varios pedidos de inconstitucionalidad por parte de distintos sectores sociales, incluidos gremios de abogados y periodistas. Solo en la audiencia de finales de abril, el TC debió conocer siete recursos contra esa legislación.