El Ministerio Público solicitará prisión preventiva en contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertan viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la red que han sido arrestados ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Por el caso, fue requerida la esposa de Rivera Ledesma, señora Scarlet Cruz, quien se presentó ante el despacho de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Al grupo se le acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Conforme al ministerio público la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear el esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas.

El ministerio público alega que a raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.

Señala que también buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.

Querellas de personas afectadas

La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.

Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.

En el despliegue de la Operación Nido, iniciada la madrugada del miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

Los allanamientos y las evidencias

Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.

Aduce que durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas conocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce.

Sostiene que por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.