La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ve el diálogo como la herramienta necesaria para solucionar el conflicto que existe entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal para usufructuar aguas del río Dajabón o Masacre.

La situación ha creado tensión en las relaciones diplomáticas de ambos Estados, disponiendo que los cierres fronterizos se mantendrán hasta tanto se suspenda la construcción del canal y se llegue a un acuerdo amigable entre ambas naciones.

En este sentido, la República Dominicana se mantiene abierta a buscar una solución equitativa e igualitaria para ambos territorios.

Tanto Haití como la RD deben priorizar en sus agendas la conformación de mesas de diálogo para contrarrestar la tensión ocasionada y establecer medidas que permitan continuar las relaciones y el desarrollo equilibrado de ambos Estados.

Es necesario que en todo momento sea la legalidad de las actuaciones la que esté presente, dejando de lado demás intereses no jurídicos e irrazonables que se puedan manifestar.

Conflicto por las aguas

El tema de las aguas transfronterizas del río es regido por lo señalado en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 firmado por ambos países.

En el artículo 10, con motivo a los ríos que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites.

El mismo establece que ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir de manera unilateral ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de estas.

Sin embargo, producto del desorden del gobierno central haitiano en relación con las bandas y grupos armados que pretenden hacer resistencia, ha sido imposible dar con medidas que permitan establecer un control armonioso para remediar esta confrontación.

La administración de estas fuentes acuíferas es de vital importancia, sobre todo para mantener el riego de las tierras y demás fines agrícolas e industriales.

Es crucial que se ejecute un plan de gestión ambiental que reconozca y pondere las repercusiones que dicho proyecto tendría en la salud y la calidad de vida de los posibles afectados inmediatos.