La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) celebró la “Semana Derecho a Saber 2024” con el lema “Transparencia en Proceso: Perspectivas Globales sobre el Derecho a Saber”.
Con este panel en el que participaron varios expertos, la institución procura brindar una oportunidad para los ciudadanos que anhelan un gobierno más abierto y responsable y que se cree un cambio positivo en la región.
La chilena Alejandra Naser, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, dijo que en sus principios de un Gobierno Digital y Abierto, la transparencia y el acceso a la transformación son un pilar básico para otorgar la soberanía al saber.
Naser destacó que en la era digital es imprescindible utilizar la tecnología para facilitar el acceso a la información gubernamental y hacerla más comprensible para todos los ciudadanos, considerándola fundamental para una democracia sólida.
Asimismo, consideró que República Dominicana es uno de los países de la región que ha podido avanzar, por tener una ley de transparencia antigua y una institucionalidad que permite tener acceso a la información.
De igual modo, Álvaro V. Ramírez-Alujas, licenciado en Ciencia Política, señaló que el derecho a saber no es un lujo, sino una necesidad democrática.
Estimó que se deben construir puentes entre el gobierno y la ciudadanía, para fomentar una cultura de transparencia que fortalezca la confianza y la participación cívica.
“La transparencia es más que un principio; es un derecho que empodera a los ciudadanos. La capacidad de acceder a la información pública no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también promueve la confianza en las instituciones”, resaltó Daniel Pefaur Dendal, el experto en Medición de Políticas de Transparencia.
Para dar continuidad al segundo día de actividades, se presentará un panel con destacados expertos internacionales que abordarán la importancia del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
Además, señaló que en Latinoamérica hay desafíos importantes, luego de ver señales preocupantes en otros países, siendo estas una alerta que ayudan a fortalecer la autonomía y capacidad de fiscalizar, evaluar y sancionar cuando no se cumplan con las obligaciones de transparencia en la organización.
Mientras la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ante las interrogantes sobre los RD$57 millones gastados en el Congreso de Integridad Gubernamental, confirmó que aunque la entidad se hizo responsable, todas las instituciones harán sus aportes.
“Todas las instituciones que tienen comisiones de integridad pagaron una parte a lo que corresponde a su gente, a la parte simplemente del hotel, porque la otra parte la pagamos nosotros”, expresó Ortiz Bosch.
