La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió ayer una resolución con las disposiciones generales para el inicio de la implementación de la nueva Ley 47-25 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante el decreto 52-26.
Mediante la resolución PNP-01-2026, la institución explicó que todos los procedimientos de contratación iniciados antes del 29 de enero de 2026, así como sus contratos y liquidaciones, se regirán por la normativa vigente al momento de su convocatoria, o sea, de la Ley 340-06. Esta medida garantiza la seguridad jurídica de los procesos en curso durante el cambio de régimen legal.
Implementación gradual
La DGCP informó en un comunicado de prensa que la implementación de los nuevos procedimientos de contratación previstos en el nuevo marco legal se realizará de manera progresiva en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Dentro de estos se encuentran la licitación pública abreviada, los convenios marco, la asociación para la innovación y la contratación en atención a resultados, para cuya implementación se emitirá una reglamentación especial y documentación estandarizada. Precisó que las modalidades de selección ordinaria que permanecen vigentes son la licitación pública nacional e internacional, la subasta inversa, el sorteo de obras, la compra menor (ahora contratación menor), las compras por debajo del umbral (ahora contratación directa sujeta al umbral) y la comparación de precios (ahora contratación simplificada).
Umbrales topes
La DGCP informó que se mantienen vigentes los umbrales del año 2025 (Res. PNP-01-2025) hasta tanto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emita los valores ajustables de contratación pública del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), de conformidad con el párrafo 6 de la Sección H del Anexo 9.1.2 (b) (i) de dicho tratado y esta Dirección General emita otro acto administrativo con los montos actualizados para este año 2026.
Régimen de sanciones e inhabilidades
La DGCP enfatizó que la implementación progresiva de los nuevos procedimientos no podrá ser invocada para suspender, limitar o inaplicar los principios rectores, los derechos de los oferentes, las obligaciones de las instituciones contratantes ni las disposiciones fundamentales previstas en la Ley 47-25 y su reglamento de aplicación.
En ese sentido, ratificó que el régimen de inhabilidades, sanciones administrativas y penales para los servidores públicos y proveedores, así como el régimen especial de revisión de decisiones administrativas e investigaciones en materia de contrataciones públicas, ya son aplicables bajo la nueva ley.
Capacitación
La DGCP reafirmó su compromiso con la profesionalización y capacitación de los actores del sistema de contrataciones, por lo que recordó que, a través de su Campus Virtual, está disponible el curso “Principales Novedades de la Ley Núm. 47-25”.
Asimismo, informó que se iniciará un cronograma intensivo de formación dirigido a los Comités de Contrataciones y Unidades Operativas de todas las instituciones sujetas a la ley, cuyas fechas serán informadas oportunamente.
Sobre la Ley 47-25
La nueva normativa, que entró en vigor el 28 de enero de 2026, busca modernizar la gestión de las compras estatales, reforzar la transparencia y promover procesos más abiertos, justos y competitivos.
