El análisis punto por punto de la controvertida Ley 01-24 acrecienta cada vez más la avalancha de críticas y advertencias por el contenido nebuloso, y hasta peligroso sobre el evidente desborde que esa legislación contiene, en relación a las potestades que se otorgan al Gobierno en un tema tan sensitivo como la operatividad de los organismos de inteligencia en favor de la seguridad del Estado.

Al desmenuzar la Ley -de 39 artículos y 21 páginas, votada por el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados el 29 de diciembre del 2023 y promulgada por el Presidente Luis Abinader, el 15 de enero de 2024- los expertos en derecho constitucional, organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Dominicana de Diarios y Participación Ciudadana, se topan con más y más incongruencias, zonas grises e inobservancias constitucionales.

Y si bien desde el presidente Luis Abinader hasta el presidente de la Cámara de Diputados han anunciado ‘disposición’ de enmendar el entuerto, no es menos cierto que no se ha dado un paso hacia adelante en favor de reformar y/o eliminar la cuestionada legislación, mientras fluyen querellas contra la misma ante el Tribunal Constitucional y dos legisladores de la oposición anunciaron el depósito en la Cámara de Diputados de un proyecto tendente a derogar la ley 1-24.

Esta no es la primera vez que en el ejercicio de poco más de tres años, el Gobierno del Presidente Abinader, ha tenido que volver sobre sus pasos con legislaciones, proyectos y medidas que ha puesto en ejecución y que han recibido el rechazo de sectores importantes de la sociedad civil.

La voz de alarma de

la Sociedad de Diarios

La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que agrupa los principales periódicos nacionales, fue la primera en levantar la voz de alarma ante la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), indicando que la misma contiene una serie de ambiguedades y zonas grises que ponen en peligro el libre ejercicio de la libertad de prensa y expresión en el país.

El Presidente Abinader dijo, entonces, que el Gobierno estaba abierto al diálogo, aunque defendió la legislación dando “plenas garantías” de que su propósito no era violentar las libertades públicas, en especial la de prensa y expresión. Del aumento del tono de las discrepancias, entre gobierno y sectores de la sociedad opuestos a la nueva legislación, se abrió un diálogo la semana pasada entre la Sociedad Dominicana de Diarios, representada por los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro, presidente y vicepresidente de la entidad, y Antoliano Peralta y Luis Soto, Consultor Juriico del Poder Ejecutivo y director del DNI, en representación del Gobierno.

Horas antes del inicio del diálogo, que continuará esta semana, el Consultor Jurídico Peralta, emitió unas tajantes declaraciones al defender la Ley 1-24 indicando que desde el Gobierno se entiende que la referida legislación es conforme con la Constitución y planteó que si hay dudas sobre la constitucionalidad o no de un artículo de una legislación o de una norma cualquiera, el Tribunal Constitucional es la instancia para ello. “Nosotros creemos que la ley es conforme con la Constitución… ahora, si el Tribunal no lo entiende así, no tenemos más que acogernos ahí”, y fue más lejos al indicar que el Gobierno estaría en disposición de procurar una reforma si “a lo mejor nos convencen de que estamos equivocados”.

Las reacciones no

se hicieron esperar

“Es evidente que habrá que modificar esa bendita ley”, fue la exclamación del abogado constitucionalista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecuivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) al actuar como moderador de un conversatorio sobre la Ley 01-24 auspiciado por esa entidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y otras academias, con abogados expertos en materia constitucional.

En ese conversatorio en la PUCMM los abogados constitucionalistas Ricardo Rojas León, Francisco Franco y Francisco Álvarez Martínez analizaron punto por punto los articulados de la ley estableciendo ambiguedades, violaciones constitucionales, zonas oscuras y una mala estructura de la legislación aprobada y promulgada, mientras la periodista Edith Febles monstró contundentes videos de la aprobación de la Ley en la Cámara de Diputados que revelan el ‘manejo sospechoso’ que llevó al manejo de artículos tan sensibles como el relacionado a las atribuciones de un juez para el procedimiento de la búsqueda de informaciones bajo las garantías y respeto de los derechos ciudadanos consignados en la Constitución.

No parece haber muchas discrepancias en la ‘necesidad’ de reordenar legalmente el sistema nacional de inteligencia y seguridad del Estado, dado nuevas gamas de delitos transnacionales y de comisión nacional, como el terrorismo, el crímen organizado, los ciberdelitos, etc.

Radicales advertencias

Sin embargo, la oposición es altamente radical desde amplios sectores de la vida nacional en cuanto a las atribuciones que se otorga a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que en varios aspectos, como ha establecido la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana “es inconstitucional, debido a que establece la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial, ya que de lo contrario violaría el derecho fundamental a la intimidad” que agregó que por tanto “esa ley debe ser reformada de inmediato para que se incluya de manera explícita la obligación de los agentes de la entidad de obtener la autorización judicial correspondiente antes de solicitar información.

Fue más lejos la organización de la sociedad civil al indicar que “de no ser reformada, estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales” y dijo que es comprensible la preocupación que ha generado esta ley en la población “sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo la redacción del artículo 11, que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales” y dijo que también los artículos 26 y 30 deben ser revisados.

Y remata: “Esas alarmas han sonado de manera clara y contundente… la prensa y otros sectores han desempeñado su papel” y al tiempo que se quejó de que debate haya caido en el escenario político-electoral señala que “tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad ante las críticas que ahora se hacen a esta Ley… y dado que parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados, se realice de inmediato”.