La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Jochi Gómez y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, principales acusados en el caso Camaleón.

La magistrada Fátima Veloz, quien además declaró el caso complejo, dispuso que Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y de Aurix, así como Hugo Beras, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo –Hombres.

Asimismo, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, para ser cumplido también en la cárcel de Najayo.

La jueza dispuso que la prisión preventiva fue impuesta a los tres acusados fuera revisable de manera obligatoria cada tres meses, al tiempo que fijó para el próximo nueve de enero del 2025, la primera audiencia de la revisión obligatoria.

El tribunal tomó la decisión, tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes habían pedido imponer 18 meses de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo.

Para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Veloz dispuso arresto domiciliario y presentación periódica por ante el ministerio público.

La jueza también impuso a Frank Díaz Warden, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Alvarez Carbucia, al primero el pago de una garantía económica de dos millones de pesos y los dos restantes un millón, impedimento de salida sin autorización previa y presentación periódica los días 30 de cada mes por ante el ministerio público investigador.}

Igualmente, el tribunal otorgó un plazo de siete días a Díaz Warden, Peguero Vargas y Alvarez Carbuccia para que cumplan con el pago de la garantía impuesta para que obtengan su libertad y transcurrido dicho plazo sin cumplir con la obligación correspondiente serán trasladados a la cárcel de Najayo hasta tanto concretice el pago del monto de dicha fianza.

LA PEPCA CONFORME

A su salida del tribunal, Wilson Camacho, titular del Pepca, felicitó la decisión del tribunal de imponer prisión preventiva a tres de los implicados, al considerar que es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo.

Sostuvo que a partir de ahora los fiscales se concentrarán en seguir trabajando para obtener evidencia a las imputaciones que hicieron en la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados.

Camacho dijo que igualmente seguirán trabajando para incorporar en el proceso otras líneas de investigación que tienen sobre la mesa que de seguro traerán consigo otros involucrados.

DEFENSA DE HUGO BERAS APELARá EL FALLO

En tanto que los abogados Laura Acosta y Luis Rivas, quienes asumen la defensa de Hugo Beras, adelantaron que recurrirán la decisión del tribunal en apelación por no estar conforme con la misma.

Laura Acosta dijo que la jueza rechazó un pedimento presentado sobre la nulidad de las actuaciones de los allanamientos realizados a su cliente, bajo la base de que no tenía elemento suficiente para determinar si los que ellos plantearon ocurrieron.

Indicó que con respeto a la prisión preventiva el tribunal alegó que como Hugo Beras había sido un funcionario de alta jerarquía existía riesgo para la investigación, a pesar de que él ya no está en esa posición y que por tanto no tiene el poder que ella le atribuye.

“Es una decisión que nosotros respetados, pero disentimos y en consecuencia procederemos de inmediato a recurrir en apelación la misma, esto no se ha terminado, esto apenas empieza y nosotros vamos a seguir luchando hasta que Hugo Beras regrese al seno de su casa”, acotó.

La abogada señaló que en ese caso hay intereses sumamente grave que escapan a los mismos abogados que conforman el consejo de defensa

De acuerdo al Ministerio Público los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.