Amnistía Internacional denunció ayer martes una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos en El Salvador y alertó sobre una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal, cuyas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechados por la criminalidad.

“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador en los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de derecho ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).

MISIONES Y ENTREVISTAS

Acompañada de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador, Piquer presentó el informe de Amnistía Internacional, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas.

El reporte describe la política de seguridad salvadoreña con un enfoque punitivo y un marco legal que pone en riesgo el debido proceso. Critica, además, “el uso sistemático de tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales”.

Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a derogar el estado de excepción, vigente desde el 22 de marzo de 2022, y las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales. También recomienda garantizar el retiro de ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil.

Pique recalcó que “es cuasi una solución a corto plazo que no es sostenible en el tiempo y que lo que está haciendo es sustituir una forma de violencia por otra forma de violencia y que las personas afectadas siguen siendo las mismas”.

Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a las bases de datos de organizaciones de sociedad civil y según su análisis, demuestra que las víctimas de las detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas”.

La representante de AI criticó la implementación de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas, con la que el gobierno sostiene que ha bajado sustancialmente el índice de criminalidad con una actividad casi nula de las pandillas que por años habían aterrorizado al país.

NARCOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte. Tienen presencia en populosos barrios y comunidades.

En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

En 2023, la Policía Nacional Civil contabiliza 195 homicidios entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, un 67% menos que los 598 del mismo período del año anterior.

Piquer cuestionó que “no es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos humanos en forma masiva; eso por definición, no es exitoso”. Y calificó de “indignante” que las autoridades “nieguen abiertamente” la existencia de violación de derechos humanos.

Y no solo de episodios “aislados”, precisó, “sino lo que se ve son patrones claros de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso, torturas y malos tratos en detención y muertes”.

Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos registraban más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal”.

En las cárceles de El Salvador, hay aproximadamente 120,000 personas privadas de libertad, lo que coloca al país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial, una situación de hacinamiento de 236% aproximadamente.

Las autoridades de seguridad y el mismo presidente Bukele han dicho que el régimen de excepción va a continuar el tiempo que sea necesario y que va a terminar hasta erradicar a las pandillas del territorio salvadoreño.